El Grupo Parlamentario Socialista presenta más de 50 enmiendas a la nueva Ley de Ordenación del Servicio de Comunicación Audiovisual de Canarias que refuerzan el control parlamentario, los derechos laborales y la calidad informativa
La presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, anuncia las enmiendas socialistas, que blindan los informativos y combaten la desinformación para lograr una RTVC “más independiente y transparente”
La propuesta incluye la prohibición de externalizar contenidos informativos y la recuperación de los Consejos Informativos
Se introducen los aspectos más importantes del preacuerdo del convenio de la Radio Canaria suscrito en diciembre de 2025 para su aplicación inmediata
· Se propone desvincular RTVC del ciclo político y reforzar su supervisión: Mandatos de cinco años, mayorías reforzadas y más control económico
· “Esta Ley trasciende a todos nosotros, ha entrado como la Ley Clavijo a este Parlamento y debe salir como una ley que sea de todos”
La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, ha anunciado este miércoles [22] un paquete de enmiendas [50] a la nueva Ley de Ordenación del Servicio de Comunicación Audiovisual de Canarias (Ley de Radiotelevisión Canaria (RTVC)) con el objetivo de consolidar un modelo de radiotelevisión pública “más independiente, transparente, profesional y alineado con los valores democráticos y sociales”.
Fierro destacó que estas propuestas buscan “garantizar un servicio público de comunicación a la altura de la ciudadanía canaria”, reforzando tanto los mecanismos de control institucional como las garantías laborales y profesionales dentro del ente público.
Recuperación de los Consejos Informativos
La presidenta del Grupo Socialista destacó como uno de los pilares fundamentales de las enmiendas la restauración de los Consejos Informativos, cuya constitución se establece de manera obligatoria en un plazo máximo de seis meses.
Estos órganos estarán formados por siete profesionales elegidos por sus compañeros y tendrán como misión velar por la independencia, la objetividad y la calidad de los contenidos informativos.
Contra la externalización de los servicios informativos
En la misma línea, explicó que los socialistas plantean un blindaje total de los servicios informativos, prohibiendo expresamente la externalización de la producción, realización y edición de contenidos informativos. Únicamente se permitirá la externalización de medios técnicos, garantizando que el control editorial permanezca en manos del ente público.
Uno de los objetivos es la garantía de servicios informativos públicos en toda la cadena de montaje, es decir, todo lo previo hasta que se emite la la información, con un mínimo de 2.000 horas de informativos.
Derechos laborales garantizados y convenios colectivos
Las enmiendas también abordan la situación laboral del personal, estableciendo que la fusión de las sociedades prestadoras no podrá llevarse a cabo sin la aprobación previa de un convenio colectivo único. Este requisito busca asegurar que los derechos laborales estén plenamente garantizados antes de cualquier transformación estructural.
Las enmiendas contemplan la garantía y plena vigencia de los convenios colectivos: Mientras se apruebe un nuevo convenio colectivo, se deben garantizar las condiciones laborales ya pactadas entre la representación sindical y la dirección del ente público.
En concreto, para el personal de la televisión se mantiene el convenio colectivo firmado en 2024, y para el personal de la radio, se incorpora como régimen transitorio en la propia ley los aspectos más importantes del preacuerdo suscrito en diciembre con 2025, y cuya no formalización ha motivado un preaviso de huelga.
Además, entre las propuestas socialistas se encuentra el refuerzo de los principios éticos y sociales que deben regir la actividad de RTVC, a través de la ampliación de los principios generales para incluir el respeto al marco de convivencia constitucional, la lucha activa contra la desinformación y la promoción de la no discriminación, con especial atención a colectivos vulnerables como las personas migrantes y el colectivo LGTBI.
Asimismo, el Grupo Socialista plantea evitar bloqueos institucionales en la aprobación de un Mandanto Marco por el Parlamento de Canarias, manteniendo la posibilidad de que el Gobierno de Canarias y RTVC aprueben un Contrato-Programa sin disponer de un Mandato Marco, estableciendo mecanismos para asegurar la congruencia entre las dos herramientas de aprobarse el mandato parlamentario a posteriori.
Medidas contra la precariedad e incertidumbre laboral del personal
Además, se propone otorgar carácter definitivo a la subrogación del personal procedente de empresas externas, evitando situaciones de precariedad o incertidumbre laboral ante posibles cambios en el modelo de gestión.
En el ámbito de los contenidos, se introduce una diferenciación clara entre información e “info-entretenimiento”. Los programas de entretenimiento deberán indicar explícitamente, mediante rótulos, si la información que ofrecen ha sido verificada por los servicios informativos, reforzando así la lucha contra la manipulación y las noticias falsas.
En cuanto a la gobernanza del ente, Fierro detalló que las enmiendas apuestan por un mayor control parlamentario y profesionalización de los órganos de dirección. La elección de la Junta de Control y de la Dirección General se realizará a propuesta de los grupos parlamentarios y requerirá mayorías reforzadas, con el objetivo de garantizar mayor pluralidad y consenso.
Además, se establece que los mandatos de estos órganos tendrán una duración de cinco años, desvinculándolos del ciclo electoral y favoreciendo su independencia respecto a los cambios políticos.
En materia económica, se refuerzan los mecanismos de transparencia y fiscalización, con la reducción de forma significativa de los umbrales a partir de los cuales la Junta de Control debe autorizar contratos y gastos, lo que permitirá un seguimiento más riguroso de la gestión económica del ente.
Fierro señaló que estas enmiendas representan “una apuesta firme por una RTVC pública, independiente y al servicio de la ciudadanía”, e hizo un llamamiento al resto de fuerzas políticas para alcanzar un consenso amplio en torno a una ley “clave para el sistema democrático canario”.
“Esta Ley trasciende a todos nosotros, ha entrado como la Ley Clavijo a este Parlamento y debe salir como una ley que sea de todos”, añadió.








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