La Federación de Empresarios del Transporte (FET) ha convocado para el próximo lunes 4 de mayo una reunión con las empresas de transporte discrecional de viajeros de Canarias para abordar, entre otros asuntos, el proyecto impulsado por AENA para implantar un sistema de parking de guaguas bajo tarifa en los aeropuertos del Archipiélago, una medida que mantiene en alerta al sector por el posible impacto económico y operativo sobre la actividad turística. La cita tendrá lugar a las 09:30 horas en la sede de la patronal en Las Palmas de Gran Canaria y también incluirá en su orden del día el nuevo sistema de combustible profesional de Canarias y las ayudas estatales por el incremento del precio de los combustibles a transportistas profesionales.
El proyecto de AENA contempla su puesta en marcha inicial en los aeropuertos de Tenerife Sur y Lanzarote, donde ya se están ultimando los preparativos técnicos con la instalación de barreras de acceso, sistemas automatizados de control de estancia y plataformas de pago previo a la salida. El modelo establece un periodo de cortesía de 60 minutos para la recogida de pasajeros, tras el cual se aplicará una tarifa similar a la de los aparcamientos generales de usuarios. Según la planificación trasladada al sector, la medida se extenderá progresivamente a Gran Canaria y Fuerteventura, con el objetivo de que esté plenamente implantada en la red aeroportuaria canaria durante 2027.
La FET mantiene su rechazo frontal a esta iniciativa al considerar que generará sobrecostes mensuales que podrían alcanzar los 6.000 euros por empresa, además de alterar la operativa habitual de recogida de turistas en plena temporada alta. La patronal sostiene que los aeropuertos canarios no presentan problemas de saturación que justifiquen la medida y critica que, a diferencia de otros aeródromos españoles, no se hayan habilitado bolsas reguladoras gratuitas para la espera de vehículos. Algunas empresas ya estudian modificar su logística para evitar el uso de estos estacionamientos tarifados.
La implantación de este sistema se produce en un momento clave para los aeropuertos canarios, que afrontan el reto de absorber en 2027 un crecimiento sostenido del tráfico turístico, mejorar la movilidad terrestre y optimizar sus infraestructuras sin deteriorar la experiencia del visitante. El debate que se abrirá en la reunión del lunes será determinante para conocer la respuesta del sector ante un cambio que podría redefinir la operativa del transporte discrecional en las islas.
Uno de los principales asuntos sobre la mesa será cómo asumir el nuevo coste que implicará la permanencia de las guaguas en las zonas aeroportuarias. Según trasladan fuentes empresariales, las compañías estudian dos escenarios: repercutir el incremento del gasto a los turoperadores, que previsiblemente acabarían trasladándolo al precio final que paga el cliente, o modificar radicalmente la operativa de recogida, obligando a los pasajeros a esperar en el aeropuerto hasta completar el cupo del vehículo para que este acceda al estacionamiento y realice la carga dentro del tiempo establecido.
La controversia se centra especialmente en el denominado periodo de cortesía de 60 minutos. El sector denuncia que esta fórmula “no es una gratuidad real”, ya que una vez superado ese límite, aunque sea por escasos minutos, se aplicaría el cobro íntegro de la primera hora junto al tiempo adicional consumido. Esta situación, aseguran, obligaría a extremar la precisión logística para evitar sobrecostes que podrían dispararse en jornadas de alta afluencia turística o retrasos en vuelos.
Empresarios del transporte advierten además de que la segunda opción, consistente en retrasar la entrada de las guaguas hasta reunir a todos los pasajeros, podría provocar acumulaciones de clientes en las terminales, con esperas prolongadas y una merma en la calidad del servicio que se ofrece en destinos turísticos estratégicos como Canarias. Y además el perjuicio para el tráfico de las guaguas que esperarían fuera del aeropuerto, teniendo en cuenta que no hay zonas habilitadas para ello. El debate se produce en un momento especialmente sensible, cuando los aeropuertos de las islas se preparan para afrontar en 2027 un nuevo salto en volumen de viajeros y presión operativa.










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