El propietario del restaurante El Pirata, situado en la Playa de Puerto Rico (Mogán), ha vuelto a manifestar públicamente su desacuerdo con la actuación del Ayuntamiento de Mogán en el marco de un conflicto administrativo y judicial que se prolonga desde 2024.
Según afirma el propio empresario, habría presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el Ayuntamiento de Mogán, que se suma a otros procedimientos abiertos sobre la defensa de la actividad de sus negocios, uno de ellos contra un agente de la Policía Local y el otro contra una ciudadana de nacionalidad alemana.
El origen del caso se sitúa en 2024, cuando el Ayuntamiento de Mogán abrió varios expedientes sancionadores contra negocios del empresario en Playa de Puerto Rico.
Estas actuaciones derivaron en:
- Multas administrativas de alrededor de 22.500 euros.
- Órdenes de cierre de al menos dos establecimientos.
- El cierre posterior de hasta cinco locales vinculados a la misma actividad empresarial.
Las sanciones se fundamentaron en presuntas irregularidades administrativas y ausencia de licencias de actividad, según las resoluciones municipales difundidas en su momento.
El empresario mantiene además acciones de protesta visibles en su propio establecimiento, donde ha colocado pancartas en las que asegura haber denunciado ante la Fiscalía al Ayuntamiento de Mogán, a un agente policial y a una ciudadana extranjera, en relación con lo que considera un proceso de actuación irregular contra su actividad comercial.
El caso se enmarca en un conflicto más amplio sobre la situación administrativa de locales de restauración en Playa de Puerto Rico, una de las principales zonas turísticas del municipio de Mogán, donde han existido en los últimos años tensiones entre actividad económica, normativa urbanística y procesos de regularización de licencias.
Por el momento, ninguna resolución judicial firme ha cerrado el conjunto del conflicto, que continúa dividido en diferentes vías administrativas y judiciales.






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