El acuerdo alcanzado en la Comisión Bilateral evita un recurso ante el Tribunal Constitucional y refuerza las garantías para miles de pensionistas en el archipiélago.
El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han alcanzado un acuerdo en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias por el que el Ejecutivo autonómico acepta las modificaciones planteadas por el Estado sobre varios preceptos de la Ley 9/2025, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026.
El acuerdo, suscrito por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, permite resolver las discrepancias competenciales detectadas por la Administración General del Estado respecto a determinados artículos de la norma presupuestaria autonómica, evitando así la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Uno de los principales puntos del acuerdo afecta al complemento autonómico de las pensiones no contributivas, una prestación impulsada por el Gobierno de Canarias para reforzar el poder adquisitivo de sus beneficiarios.
Según explicó el Ministerio, las modificaciones introducidas buscan garantizar la plena seguridad jurídica en la percepción de este complemento, evitando posibles conflictos interpretativos sobre su aplicación cuando la suma de la pensión estatal y la ayuda autonómica pudiera superar el límite máximo anual establecido en los Presupuestos Generales del Estado.
Con los criterios de aplicación administrativa y normativa acordados entre ambas administraciones, se asegura que los beneficiarios de estas pensiones puedan percibir el importe máximo posible de la prestación complementaria sin riesgo de incompatibilidades legales.
El ministro Ángel Víctor Torres valoró positivamente el entendimiento alcanzado y destacó que se trata de una solución fruto de la cooperación institucional.
“Este acuerdo es fruto del diálogo permanente y de la voluntad del Gobierno de España de tender siempre la mano, y aporta una solución con garantías a miles de pensionistas”, señaló.
Cambios legislativos asumidos por Canarias
En virtud del acuerdo, el Gobierno de Canarias se compromete a promover las modificaciones legislativas necesarias para suprimir el apartado 4 del artículo 56 y el apartado cuatro de la disposición final sexta de la Ley 9/2025.
Asimismo, ambas administraciones han consensuado que la disposición adicional cuadragésima cuarta deberá interpretarse y aplicarse conforme a la normativa estatal vigente en materia de pensiones no contributivas, así como a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
El pacto alcanzado refuerza la vía del entendimiento entre administraciones y permite salvaguardar tanto el marco competencial como la protección económica de miles de pensionistas canarios, evitando una controversia jurídica que podría haber retrasado la aplicación efectiva de estas ayudas complementarias.
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