El futuro del puerto de Santa Águeda, en Arguineguín, seguirá pendiente de los tribunales después de que la Justicia haya acordado frenar de forma cautelar cualquier actuación destinada al desmantelamiento de las instalaciones que la empresa Cementos Especiales de las Islas (CEISA) mantiene en este enclave portuario.
La decisión judicial supone, de momento, un respaldo a la posición de la cementera y obliga a paralizar cualquier actuación impulsada por Puertos Canarios hasta que exista una sentencia firme sobre el fondo del asunto.
¿Qué está pasando en Santa Águeda?
El conflicto enfrenta desde hace meses a Puertos Canarios y a CEISA por el uso del muelle de Santa Águeda.
Puertos Canarios considera que la autorización que permitía a la empresa operar en este espacio ya no está vigente y había requerido a la cementera para que presentara un plan de retirada de sus instalaciones, con la intención de liberar el puerto para futuros usos vinculados a actividades náuticas, deportivas y turísticas.
Sin embargo, CEISA sostiene que mantiene derechos para seguir desarrollando su actividad industrial y recurrió judicialmente la decisión del ente autonómico.
¿Qué ha decidido ahora el juzgado?
El Tribunal de Instancia número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado suspender cualquier retirada o demolición mientras se resuelve el procedimiento judicial abierto.
El juzgado entiende que ejecutar ahora el desmantelamiento podría causar daños irreversibles. En otras palabras: si más adelante la sentencia diera la razón a la cementera, el perjuicio ya estaría hecho porque las instalaciones habrían sido desmontadas.
La resolución también señala que, por el momento, no existe una urgencia de interés público que justifique adoptar una medida irreversible antes de que se dicte sentencia definitiva.
¿En qué punto está el pleito?
Ahora mismo, el caso sigue abierto.
Por un lado, CEISA mantiene su recurso para intentar anular la orden de salida del puerto.
Por otro, Puertos Canarios continúa defendiendo judicialmente que la empresa debe abandonar Santa Águeda.
Esto significa que el puerto seguirá tal y como está hasta que la Justicia resuelva quién tiene razón.
La decisión final será clave para definir el futuro de uno de los espacios más sensibles del litoral de San Bartolomé de Tirajana, donde se enfrentan dos modelos distintos: mantener la histórica actividad industrial o avanzar hacia una transformación turística y portuaria del enclave.
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