La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha intervenido un total de 3.492 botellas de bebidas alcohólicas ilegales en una operación desarrollada dentro de la ofensiva internacional “Operación OPSON XV”, centrada en la lucha contra el fraude alimentario y la falsificación de productos.
La actuación permitió inmovilizar 1.674,55 litros de bebidas derivadas, principalmente licores de origen internacional, valorados en más de 44.000 euros. Según informó el Instituto Armado, gran parte de la mercancía carecía de la precinta fiscal obligatoria o presentaba sellos fraudulentos, incumpliendo así la normativa tributaria vigente.
La intervención fue realizada por agentes de la Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIF), que inspeccionaron un almacén donde se encontraba la mercancía preparada para su distribución. Durante la operación utilizaron herramientas de escaneo de última generación que permitieron detectar de forma rápida las irregularidades en el etiquetado y precintado de las botellas.
Entre los productos intervenidos había licores de lichi, aguardientes de sorgo con graduaciones de hasta el 62% y licores de canela, entre otras bebidas. Los agentes comprobaron que muchos de estos productos no habían pasado los controles oficiales exigidos para garantizar su trazabilidad y seguridad.
Las investigaciones permitieron identificar al responsable del establecimiento y de la gestión administrativa de la mercancía, que está siendo investigado por presuntas infracciones relacionadas con la Ley de Impuestos Especiales.
La rápida actuación policial evitó que las bebidas llegaran al mercado minorista y, según destaca la Guardia Civil, redujo el riesgo para la salud pública, ya que este tipo de productos puede haber sido elaborado o manipulado fuera de los canales legales de control sanitario.
Toda la mercancía quedó precintada cautelarmente en el propio centro de distribución y las diligencias han sido remitidas a la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Las Palmas de Gran Canaria, que será la encargada de tramitar el correspondiente expediente sancionador.
Desde la Guardia Civil recuerdan que la ausencia de precintas legales suele ser uno de los principales indicios de productos adulterados o fabricados clandestinamente, cuya composición puede resultar peligrosa para el consumo humano.
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