El PP denuncia que el Cabildo otorgó más de 213 millones en subvenciones a dedo en 2025

El Grupo Popular ha denunciado hoy que el Cabildo de Gran Canaria y sus entes dependientes otorgaron más de 213 millones de euros en subvenciones a dedo en el ejercicio 2025, lo que supone un incremento del 4,4% respecto al año anterior, según recoge el informe de control interno elaborado por la Intervención General del que se dará cuenta hoy en el Pleno ordinario.

En total, el gobierno de NC y PSOE que preside Antonio Morales concedió el pasado año 282 millones en subvenciones, lo que representó el 28,6% del Presupuesto consolidado de la Corporación insular. La mayor parte de estas ayudas, 210 millones, se corresponde con transferencias corrientes, mientras que el resto, 72 millones, se asignó mediante transferencias de capital.

Una año más, la Intervención General advierte en de que “en el 75,6% del total de subvenciones concedidas en 2025 se utilizó el procedimiento de concesión directa, normalizándolo como forma habitual” pese a tener “carácter excepcional”. Aunque el órgano fiscalizador recomienda desde hace varios años “la utilización del procedimiento ordinario en régimen de concurrencia competitiva”, el volumen de subvenciones a dedo aumentó un 34,5% respecto a 2024.

Además, el informe señala que “la gran mayoría de la subvenciones del Cabildo se conceden de forma anticipada, siendo esta también la excepción legal”. “Si dichas concesiones no van acompañadas de un adecuado seguimiento que permita su justificación y reintegro, en su caso, se puede producir un perjuicio para los fondos públicos”, añade.

Así, el pago anticipado de las ayudas ha provocado, según la Intervención General, que más de 88 millones de euros estuvieran pendientes de justificación a 31 de diciembre de 2025. Un retraso que se agrava por el hecho de que “raramente se regula la posibilidad de exigir garantía para el cumplimiento de la subvención y la justificación de la misma”.

Para el portavoz del PP y líder de la oposición en el Cabildo, Miguel Jorge, “este proceder revela una vez más un modo de gobernar basado en el clientelismo político, en el que se utiliza el presupuesto público para intentar comprar voluntades y tener una sociedad domesticada”.

Por otra parte, el informe de control interno de la Intervención General alerta de que el gobierno insular aprobó el pasado ejercicio hasta 56 contratos “sin respaldo legal”, de los que 25 corresponden al Consejo Insular de Aguas; 10 a Turismo de Gran Canaria; 7 al Instituto Insular de Deportes; 6 al Instituto de Atención Sociosanitaria; 5 al Cabildo; 2 al Consorcio de Emergencias; y 1 a la Autoridad Única del Transporte.

En sus conclusiones, el órgano fiscalizador pone de manifiesto además “carencias” en materia de contratación, “que derivan de la falta de especialización y experiencia de gran parte de los técnicos que preparan los expedientes en los centros gestores”, por lo que “sólo de forma ocasional se informan favorablemente” la primera vez que se reciben en la Intervención General.

Por último, el informe denuncia la insuficiencia de personal –tan sólo una jefa de Servicio y una Técnico de Administración Especial- para cubrir todas las tareas  de control financiero permanente, así como la inexistencia de un gestor documental y/o tramitador de expedientes, lo que provoca “que no haya una adecuada correspondencia temporal entre el momento de la fiscalización (que debería ser previa) y los actos fiscalizados”.

A estas limitaciones hay que añadir problemas frecuentes con los servidores del Cabildo, “que generaron paradas e interrupciones en el funcionamiento de la aplicación de contabilidad y, consecuentemente, en la función fiscalizadora que se realiza a través de la misma”, concluye el informe.