CEAR denuncia que las políticas hostiles obligan a millones de personas a permanecer en países donde sus vidas corren peligro

 La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunció hoy, durante la presentación de su Informe Anual sobre la situación de las personas refugiadas en España y Europa, que el incremento de las políticas de externalización de fronteras y de retornos forzosos ha provocado el primer descenso en una década del número de personas desplazadas forzosamente a nivel global. En total, 117,5 millones de personas se encontraban en esta situación en 2025, un 5% menos que el año anterior.

Sin embargo, la organización advirtió de que este descenso no responde a una reducción de las necesidades de protección internacional, sino que se produce en un contexto marcado por la intensificación de los conflictos, la violencia, la inestabilidad política, la crisis climática y las vulneraciones de derechos humanos en distintas regiones del mundo.

En la presentación del informe participó el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, quien destacó la importancia de seguir situando los derechos humanos en el centro de las políticas públicas y de mantener una respuesta solidaria ante las crisis humanitarias y los desplazamientos forzosos.

"Los datos que hoy presenta CEAR nos recuerdan que detrás de cada cifra hay personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares para proteger su vida y su dignidad. Gran Canaria seguirá defendiendo una respuesta basada en la solidaridad, la cooperación y el respeto a los derechos humanos, frente a cualquier discurso que promueva la exclusión o la indiferencia. La acogida, la convivencia y la defensa de la dignidad humana forman parte de los valores que queremos seguir impulsando como sociedad", señaló Morales.

Entre las políticas que preocupan especialmente a la organización figura el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor el pasado 12 de junio y que, según CEAR, plantea importantes desafíos para los derechos de las personas migrantes y refugiadas. La entidad llama la atención sobre la lista común de países considerados seguros, entre los que figuran algunos Estados con graves déficits en materia de derechos humanos como Turquía, Colombia, Egipto o Túnez.

Asimismo, alerta sobre el futuro Reglamento de Retorno, que contempla medidas como la detención prolongada o la posibilidad de expulsar personas a centros de deportación ubicados en terceros países sin necesidad de que exista una vinculación previa con ellos, siguiendo un modelo similar al impulsado por Italia y Albania y actualmente cuestionado por diferentes instancias judiciales europeas.

"España tiene aún margen de maniobra para que la implementación del Pacto garantice derechos. Para ello debemos reclamar al Gobierno español que se comprometa a respetar el principio de no devolución, el acceso a la asistencia jurídica, el derecho a la información y a la interpretación de calidad. También debe garantizar la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad, entre las que se encuentran muchas niñas, niños y adolescentes", sostuvo Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR en Canarias.
El informe recoge que Afganistán, Siria, Venezuela, Ucrania, Sudán, la región del Sahel, la República Democrática del Congo, Somalia y Palestina concentraron algunas de las principales crisis de desplazamiento forzado durante 2025. A estas situaciones se han sumado en los últimos meses nuevos episodios de inestabilidad internacional que continúan agravando las necesidades de protección humanitaria.

CEAR advierte de que la extensión de las políticas hostiles hacia la migración está condenando a millones de personas a permanecer en lugares donde sus derechos y sus vidas corren serio peligro, dificultando cada vez más el acceso a mecanismos de protección internacional.

En España, las solicitudes de asilo descendieron un 13,7%, frenando la tendencia ascendente observada durante los últimos años. Canarias, sin embargo, registró un incremento del 2%, alcanzando las 7.825 solicitudes frente a las 7.667 contabilizadas en 2024.

Según el informe, esta evolución está relacionada principalmente con la reducción de llegadas derivada de los acuerdos con terceros países para contener los flujos migratorios y con el efecto disuasorio del Reglamento de Extranjería. Venezuela se mantiene como principal nacionalidad solicitante de protección internacional en España y también en Canarias, donde le siguen Mali, Colombia, Senegal, Guinea, Gambia y Perú.

El estudio revela además que la tasa de reconocimiento de asilo en España descendió más de siete puntos hasta situarse en el 11%, lo que coloca al país entre los Estados de la Unión Europea con menor porcentaje de resoluciones favorables, muy por debajo de la media comunitaria, situada en el 34%.

En cuanto a las llegadas por vía marítima, CEAR señala que las políticas de externalización de fronteras provocaron una reducción del 62% en las llegadas a las costas canarias respecto al año anterior. No obstante, la organización insiste en la necesidad de habilitar vías legales y seguras que permitan acceder a la protección internacional y eviten la pérdida de vidas humanas en las rutas migratorias.

La entidad destaca además que el 15% de las llegadas a costas españolas correspondieron a niñas, niños y adolescentes sin referentes familiares. Durante 2025, un total de 581 menores fueron derivados desde Canarias a otras comunidades autónomas.

El Informe Anual también denuncia las dificultades que continúan encontrando muchas personas migrantes y refugiadas para acceder a derechos básicos como la vivienda, el empadronamiento o determinadas prestaciones sociales. Asimismo, alerta del incremento de los delitos e incidentes de odio relacionados con el racismo y la xenofobia, que aumentaron un 23,6% durante 2025, alcanzando la cifra más elevada desde que existen registros oficiales.

"Hacemos un llamamiento a la responsabilidad política y exigimos una vez más que se apruebe un Pacto de Estado contra esta escalada del odio que erosiona la cohesión social. Necesitamos urgentemente compromisos jurídicos, presupuestarios y mecanismos de protección estables", reclamó Juan Carlos Lorenzo.

La presentación del Informe Anual de CEAR en el Cabildo de Gran Canaria sirvió además para dar a conocer el recién creado Comité de Personas Refugiadas, un espacio de participación, representación y trabajo conformado por personas con experiencias de desplazamiento forzoso tanto dentro como fuera de la organización. En el acto participaron Nicole Sirikari Pachka y Edwin Abadía Arboleda, miembros del comité en Canarias.