Hernández: “Canarias necesita declarar las zonas tensionadas para frenar la expulsión” de los residentes

La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Carmen Hernández afirmó hoy que “Canarias necesita declarar las zonas tensionadas” en aquellos municipios de gran población o en aquellos otros donde el precio del alquiler se ha disparado para “frenar la expulsión” de las familias y jóvenes de sus barrios. La diputada del grupo nacionalista progresista destacó que Navarra ha logrado una reducción del siete por ciento del precio medio del arrendamiento en el primer año, Catalunya un 4,7 por ciento y en Euskadi, de reciente implantación, a la espera de la evaluación. Hernández defendió la necesidad de emplear todas las herramientas disponibles para hacer frente a la aguda crisis habitacional.

Nueva Canarias-Bloque Canarista considera que las nuevas movilizaciones ciudadanas convocadas en las islas contra el encarecimiento de los alquileres, los desahucios y la gentrificación de los barrios son la consecuencia directa del fracaso de las políticas del Gobierno presidido por Fernando Clavijo para garantizar el derecho a una vivienda digna.

Carmen Hernández sostuvo que la declaración de zonas tensionadas no constituye una solución única, pero sí una herramienta prevista en la legislación vigente que ya está ofreciendo resultados positivos en otras comunidades.

Destacó el caso de Navarra, donde el balance del primer año de aplicación refleja una reducción del siete por ciento del precio medio del alquiler. En Catalunya, en las zonas reguladas, los precios han caído una media de un 4,7 por ciento y solo en Barcelona, el 8,9 por ciento. En Euskadi, agregó, el despliegue ha sido progresivo y reciente, por lo que se desconoce aún su efecto. Pero resulta significativo, en opinión de NC-BC, que la expansión de la declaración de las zonas tensionadas sea masiva, con más de 40 municipios, incluidas las tres capitales (Gasteiz, Donosti y Bilbo). Se estima, por la información publicada, que más del 67 por ciento de la población vasca reside en áreas donde el precio del alquiler está limitado.

Tres territorios que, como señaló Carmen Hernández, se encuentran entre las comunidades de mayor riqueza y Producto Interior Bruto (PIB) per cápita del Estado y con políticas muy eficaces en vivienda.

"Cuando miles de personas se movilizan porque no pueden acceder a un piso, una residencia, la obligación de un Gobierno no es descartar herramientas, sino utilizar todas la existentes para ofrecer soluciones", enfatizó la diputada nacionalista.

Lamentó que el Ejecutivo de las dos derechas canarias de CC y el PP continúe rechazando la declaración de zonas tensionadas sin haber logrado que las medidas aplicadas hasta ahora estén consiguiendo frenar el incremento de los precios ni facilitar el acceso a una vivienda asequible.

La portavoz parlamentaria en la materia volvió a hacer hincapié en que esta emergencia habitacional requiere una estrategia “integral” que combine la construcción sostenida de vivienda pública, la movilización efectiva de viviendas vacías, la regulación del mercado en las zonas de mayor presión residencial y una mayor fiscalidad sobre los especuladores.

Carmen Hernández ofreció, una vez más, el programa de NC-BC para la movilización de vivienda vacía dotado con, al menos, 20 millones de euros, con garantías jurídicas para los propietarios mediante el aval del propio Ejecutivo y una póliza pública que cubra posibles incidencias durante el arrendamiento.

La propuesta del Ejecutivo de CC y el PP, según la diputada canarista, carece de financiación suficiente y no ofrece la seguridad necesaria para que los propietarios incorporen sus viviendas al mercado del alquiler. Con 1,8 millones de euros “no se puede afrontar un problema de esta magnitud", aseguró.

Defendió la necesidad de continuar ampliando el parque público residencial hasta alcanzar un horizonte de 40.000 viviendas públicas en Canarias, una cifra que permitiría responder a una demanda que no deja de crecer y que supera ampliamente los registros oficiales.

La lista de demandantes, en opinión de NC-BC, no refleja la realidad porque muchas personas han dejado de inscribirse tras años espera por una solución que nunca llega. La vivienda “no puede seguir siendo un negocio” para fondos de inversión y grandes tenedores mientras miles de familias “no pueden desarrollar su proyecto de vida” en las islas, indicó. Las “casas son para vivirlas, no para especular con ellas", remató Carmen Hernández.