La Policía Nacional destapa una presunta estafa en clínicas estéticas que deja 172 afectados en Canarias

Agentes de la Policía Nacional han esclarecido una presunta estafa relacionada con varias clínicas de tratamientos estéticos y depilación láser que habría afectado a un total de 172 clientes en Canarias. La investigación ha culminado con la imputación de dos personas y la identificación de otras tres por su presunta participación en los hechos.

La investigación se inició en octubre de 2025 tras la denuncia presentada por una clienta que había contratado diversos tratamientos en una clínica de estética ubicada en Las Palmas de Gran Canaria. Según relató, poco después de formalizar el contrato, el establecimiento cerró de forma repentina sin que llegaran a prestarse los servicios contratados.

A raíz de esta primera denuncia comenzaron a recibirse numerosas reclamaciones similares, lo que permitió a los investigadores detectar un patrón común que afectaba a clientes tanto de Gran Canaria como de Tenerife. Las pesquisas realizadas determinaron que un total de 172 personas habrían resultado perjudicadas.

Las gestiones policiales permitieron comprobar que, presuntamente, los responsables de la empresa continuaron ofertando, comercializando y cobrando tratamientos de estética y depilación láser pese a conocer la grave situación económica de la entidad y la imposibilidad de cumplir con los servicios contratados.

Según la investigación, la empresa acumulaba importantes impagos de alquileres y nóminas mientras seguía captando nuevos clientes y obteniendo ingresos mediante la contratación y financiación de tratamientos.

Como consecuencia de esta situación, decenas de usuarios abonaron por adelantado o financiaron servicios que nunca llegaron a recibir. De hecho, al menos 40 afectados no pudieron disfrutar de ninguna de las sesiones contratadas antes del cierre de las clínicas.

La investigación ha concluido con la imputación del administrador único de la empresa y de su directora general, ambos con edades comprendidas entre los 40 y los 50 años. Asimismo, otras tres personas han sido identificadas por su presunta implicación en la gestión de la actividad investigada.

Debido al elevado número de perjudicados, la existencia de diversas sociedades vinculadas al mismo administrador y la posible extensión de los hechos a otros puntos del territorio nacional, la causa ha pasado a ser competencia de la Audiencia Nacional, que continuará con la instrucción de las diligencias.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar el alcance total de los hechos y esclarecer posibles responsabilidades adicionales derivadas de esta presunta trama fraudulenta.