NC-BC reclama transparencia al Gobierno sobre la reforma de la unidad de explotación turística y pide paralizar las sanciones

La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Esther González, reclamó este jueves al Gobierno de Canarias mayor transparencia sobre la anunciada reforma de la unidad de explotación turística y exigió que se ponga fin a la incertidumbre que afecta a miles de propietarios en las zonas turísticas del archipiélago. Además, solicitó la paralización de los expedientes sancionadores mientras se tramita la futura Ley de Ordenación del Turismo.

Durante una interpelación en el pleno del Parlamento de Canarias, González pidió a la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, que aclarara el contenido, los objetivos y el calendario de tramitación del proyecto legislativo que sustituirá a la actual Ley de Ordenación Turística de Canarias de 1995, así como las consecuencias que tendrá la modificación de la unidad de explotación.

La parlamentaria nacionalista criticó que el Ejecutivo de Coalición Canaria y el Partido Popular lleve meses anunciando una reforma de gran relevancia sin que los grupos parlamentarios, los sectores afectados ni la ciudadanía conozcan todavía los detalles de la propuesta.

“Gobernar a base de filtraciones, titulares y globos sonda no es precisamente una muestra de transparencia”, reprochó González, quien aseguró que la actuación del Gobierno en materia turística ha generado una “enorme incertidumbre” entre la población.

La diputada recordó que el proyecto de ley de vivienda vacacional ya provocó una fuerte preocupación social y sostuvo que el posterior decreto ley aprobado por el Ejecutivo no resolvió los problemas existentes ni aportó la seguridad jurídica prometida.

Según González, la continua modificación de criterios por parte del Gobierno está generando desconcierto entre los ciudadanos. “Hay personas que ya no saben a qué atenerse porque percibimos un Gobierno que cambia continuamente de criterio, que improvisa sobre la marcha y que parece reaccionar a los problemas después de haberlos generado”, afirmó.

Miles de propietarios afectados

La representante de NC-BC destacó que detrás del debate jurídico existen miles de personas directamente afectadas por las decisiones de la administración. Entre ellas citó a residentes en zonas turísticas, pequeños propietarios, familias que adquirieron legalmente una vivienda para uso propio o como complemento de ingresos y personas que heredaron inmuebles mucho antes de que la unidad de explotación se convirtiera en un foco de conflicto.

González mostró además su preocupación por la falta de concreción del Gobierno respecto a la reforma anunciada. “Cuando un Gobierno anuncia cambios pero evita explicar su alcance, es lógico que surjan dudas, especialmente cuando hablamos de una cuestión que durante décadas ha condicionado los derechos de miles de propietarios”, señaló.

La diputada también denunció la política sancionadora desarrollada por la Consejería de Turismo durante la actual legislatura, al considerar que ha provocado situaciones de “auténtica angustia” en numerosas familias. Según indicó, muchas de las multas impuestas superan la capacidad económica de familias trabajadoras que actuaron convencidas de estar dentro de la legalidad.

Asimismo, reclamó respuestas sobre el futuro de las viviendas ubicadas en suelos mixtos dentro de las zonas turísticas y cuestionó si la nueva ley servirá para devolver la tranquilidad y la seguridad jurídica o si abrirá una nueva etapa de incertidumbre.

Durante su turno de réplica, lamentó que la consejera evitara responder a las principales cuestiones planteadas y reiteró la necesidad de suspender los expedientes sancionadores mientras se tramita la futura norma.

“Si usted realmente quiere dejar huella en la política turística de Canarias, no lo va a poder hacer redactando una ley más. Lo hará siendo la consejera que tuvo el valor de poner fin a un conflicto que lleva años enfrentando a la administración con los propietarios”, concluyó.

¿En qué consiste la reforma de la unidad de explotación turística?

La reforma anunciada por el Gobierno de Canarias pretende revisar uno de los principios básicos de la normativa turística vigente desde los años noventa: la denominada unidad de explotación turística.

Este sistema establece que los apartamentos y complejos turísticos deben ser gestionados de forma conjunta por una única empresa explotadora, con el objetivo de garantizar estándares homogéneos de calidad y evitar la fragmentación de la oferta alojativa.

Sin embargo, su aplicación ha generado durante años conflictos entre la administración y miles de propietarios de apartamentos situados en zonas turísticas, especialmente en aquellos complejos donde conviven usos residenciales y turísticos. Muchos propietarios han defendido su derecho a utilizar sus viviendas para disfrute personal, alquiler residencial o vacacional, mientras que la administración ha mantenido la obligación de integrarlas en la explotación turística conjunta en determinados supuestos.

La reforma que prepara el Ejecutivo pretende actualizar este marco legal dentro de una nueva Ley de Ordenación del Turismo. No obstante, hasta el momento el Gobierno no ha hecho público el contenido definitivo de la propuesta, por lo que siguen existiendo dudas sobre cómo afectará a los derechos de los propietarios, a los complejos turísticos existentes y a los expedientes sancionadores actualmente en curso.