La Convención Ciudadana propone un turismo que permita hacer de Gran Canaria una isla mejor para vivir

Tras seis meses de arduo trabajo y nueve sesiones, la sede de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria acogió este martes la presentación pública del documento de recomendaciones titulado Una isla para vivir elaborado por la Convención Ciudadana sobre el Modelo Turístico de Gran Canaria, un proceso participativo único en Canarias, España y Europa que ha permitido a un panel de ciudadanos y ciudadanas, seleccionados con criterios de representatividad y mediante sorteo, reflexionar sobre los principales retos del turismo en la isla y deliberar sobre las medidas necesarias para mejorar el modelo turístico de Gran Canaria.

En el acto intervinieron el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales Méndez y el director insular de Participación Ciudadana, Jorge P. Artiles, además de la ULPGC, las personas representantes de la Convención Ciudadana, de la coordinación técnica y especialistas que tomaron parte en la Convención.

Durante la presentación se puso en valor el carácter innovador del proceso, basado en la combinación de conocimiento técnico, científico y sectorial con la dinamización profesional del proceso participativo que permitió una participación ciudadana y deliberación estructurada para formular propuestas orientadas al bien común y el interés general.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó que "la Convención demuestra que la ciudadanía quiere participar activamente en la construcción del futuro de la isla cuando dispone de información rigurosa, tiempo para reflexionar y espacios de diálogo. Hoy recibimos un documento elaborado desde el compromiso colectivo que enriquecerá el debate público sobre el modelo turístico que queremos para Gran Canaria".

"Queremos un turismo respetuoso y consciente, que genere valor añadido, empleo de mayor calidad, que no acentúe problemas acuciantes como el de la vivienda, que contribuya a reducir brechas sociales y económicas y sea solidario con el inevitable impacto que genera", agregó Morales.

El consejero de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, destacó que "la calidad democrática también se mide por la capacidad de las instituciones para escuchar, incorporar la inteligencia colectiva y abrir espacios de participación real en la toma de decisiones. Esta Convención Ciudadana demuestra que es posible construir políticas públicas más sólidas cuando la ciudadanía dispone de información rigurosa, tiempo para deliberar y la certeza de que sus aportaciones serán tenidas en cuenta. Este modelo de gobernanza participativa refuerza la confianza en las instituciones y sitúa a Gran Canaria como un referente en innovación democrática". Sosa concluyó que este “proceso trasciende el ámbito del turismo porque representa una forma de entender la relación entre administraciones y ciudadanía”.

Por su parte, el director insular de Participación Ciudadana, Jorge P. Artiles, señaló que "el verdadero valor de este proceso no reside únicamente en las recomendaciones finales, sino en la metodología participativa implementada con rigor profesional y asesoramiento científico, tanto de la ULPGC como del Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC, en la persona de Ernesto Ganuza, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos. Personas con trayectorias y sensibilidades muy diferentes han sido capaces de dialogar, escuchar argumentos diversos y construir consensos sobre cuestiones especialmente complejas para el futuro de la isla".

La decana de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la ULPGC, Vicky Ruíz Mallorquí, apuntó que "la Universidad tiene la responsabilidad de poner el conocimiento al servicio de la sociedad. Este proyecto representa un magnífico ejemplo de cómo la evidencia científica, el rigor metodológico y la participación ciudadana pueden complementarse para mejorar la calidad de las decisiones públicas".

El documento presentado reúne recomendaciones estructuradas en diferentes ámbitos relacionados con el modelo turístico de Gran Canaria. Entre las propuestas que obtuvieron un mayor respaldo de las personas participantes, figuran el impulso a la rehabilitación de edificios para destinarlos prioritariamente a vivienda asequible; el refuerzo de los derechos laborales y de la inspección en el sector turístico; el uso más eficiente del agua y la energía; el fortalecimiento de la protección de los espacios naturales; y la incorporación de estudios científicos en la planificación turística y territorial. Varias de estas recomendaciones alcanzaron niveles de consenso del 100 % entre los y las convencionistas.

El documento también incorpora propuestas dirigidas a reforzar los servicios públicos afectados por la presión turística, impulsar una redistribución más equilibrada de la riqueza generada por el turismo, favorecer la diversificación económica de la isla, promover una mayor transparencia institucional y consolidar espacios permanentes de participación ciudadana en las decisiones relacionadas con el futuro turístico de Gran Canaria.

Asimismo, las recomendaciones abordan cuestiones relacionadas con la protección del territorio, la gestión sostenible de los recursos naturales, la conservación del patrimonio cultural, la mejora de la convivencia entre residentes y visitantes y la incorporación de criterios de sostenibilidad y bien común en la planificación del desarrollo turístico.

La Convención Ciudadana ha reunido a un panel de personas seleccionadas con criterios de representatividad y mediante sorteo cívico, acompañado por un panel de especialistas y representantes sectoriales (empresarial, sindical, activismo) y un equipo técnico encargado de garantizar el rigor metodológico, la pluralidad de la información y la calidad del proceso deliberativo.

Las recomendaciones presentadas constituyen el resultado final de esta primera Convención o Asamblea Ciudadana que se realiza en Canarias, y la primera en España y Europa que delibera sobre el desarrollo turístico. Estas recomendaciones pretenden contribuir al debate público sobre la evolución del modelo turístico de Gran Canaria desde una perspectiva social, económica y ambiental. Aparte de al Cabildo de Gran Canaria, el documento será entregado al Gobierno de Canarias, a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y a la Federación Canaria de Islas (FECAI), entre otras instituciones públicas.