El Grupo Lopesan reclama que se cumplan estrictamente las bases del concurso de liquidación de Mar Abierto para evitar retrasos, garantizar la seguridad jurídica y proteger los intereses de los acreedores. La compañía sostiene que ya abonó en plazo los activos que le fueron adjudicados y considera que la falta de consignación de otras ofertas está paralizando parte del procedimiento.
El Grupo Lopesan ha hecho público un comunicado en el que solicita que el proceso de liquidación de la sociedad Mar Abierto S.L. continúe conforme a las normas fijadas desde el inicio del concurso, reclamando que todos los participantes estén sujetos a las mismas condiciones y plazos.
La empresa asegura que sus sociedades vinculadas, Isla Marina S.L. y Lopesan Touristik S.A.U., formalizaron el pasado 12 de febrero de 2026 la compra de los lotes 2, 3, 4 y 7 que les fueron adjudicados, abonando íntegramente su importe dentro del plazo establecido. Según explica, esta actuación permitió aportar liquidez inmediata al procedimiento y avanzar en el pago de los créditos y el levantamiento de cargas registrales.
¿Qué está ocurriendo en el concurso?
El origen de la reclamación está en el desarrollo de la fase de liquidación de Mar Abierto, en la que distintos activos de la empresa fueron sacados a subasta y divididos en varios lotes.
Lopesan considera que algunos de esos lotes continúan bloqueados porque, pese a haberse realizado adjudicaciones provisionales, los adjudicatarios no habrían consignado el importe de sus ofertas dentro del plazo de diez días previsto en las bases del concurso.
A juicio del grupo empresarial, esta situación está retrasando la liquidación y perjudicando a los acreedores, que dependen de la venta de esos activos para cobrar las cantidades que les corresponden.
Los lotes que siguen pendientes
Uno de los casos señalados por Lopesan es el Lote 6, correspondiente a derechos económicos de calificación y adjudicado provisionalmente a División Turística Valle Taurito por 1,9 millones de euros.
La compañía entiende que la presentación de un recurso judicial no suspende la obligación de depositar el importe ofertado y sostiene que mantener esa adjudicación sin el correspondiente pago prolonga innecesariamente el procedimiento.
La otra situación afecta al Lote 5, conocido como Cornisa de Arguineguín.
Este activo fue adjudicado inicialmente a Servatur, que posteriormente renunció a formalizar la compra alegando dificultades registrales sobrevenidas.
Tras esa renuncia, Isla Marina S.L. solicitó al juzgado que se le adjudique el lote como siguiente mejor postor, comprometiéndose a formalizar inmediatamente la operación y aportar los 2,64 millones de euros correspondientes al concurso.
Lopesan pide igualdad de trato
El grupo empresarial insiste en que no reclama un trato preferente, sino que las mismas reglas que se aplicaron a sus empresas se exijan igualmente al resto de licitadores.
En este sentido, muestra su preocupación por lo que considera cambios de criterio durante la tramitación del concurso, al entender que podrían afectar a principios como la igualdad entre participantes, la objetividad y la seguridad jurídica.
Garantía para el empleo
En su comunicado, Lopesan también responde a las dudas surgidas sobre el futuro de los trabajadores vinculados a estos activos.
La empresa asegura que su proyecto contempla la subrogación de la plantilla, conforme a la normativa vigente, garantizando la continuidad de los derechos laborales asociados a la actividad hotelera.
Además, recuerda que el pasado mes de febrero presentó un aval extraordinario de 500.000 euros al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para favorecer la continuidad de la concesión del Hotel Las Tirajanas, una medida que, según defiende, contribuyó a preservar tanto la actividad turística como los puestos de trabajo.
Un procedimiento aún abierto
El concurso de Mar Abierto continúa pendiente de resolver la situación de varios de los activos aún no adjudicados de forma definitiva.
Mientras tanto, Lopesan mantiene que la aplicación estricta de las bases del procedimiento permitirá cerrar la liquidación con mayor rapidez, proteger los intereses de los acreedores y reforzar la confianza en los procesos concursales. La resolución de las incidencias sobre los lotes pendientes corresponderá al juzgado encargado del procedimiento.
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