El Gobierno de Canarias suspende en igualdad

Según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de 2026 se han computado 2.974 denuncias por violencia de género, 131 más que en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 4,6%. El número de mujeres víctimas de la violencia de género pasó de 2.482 a 2.672, un aumento del 7,7%. Somos la tercera comunidad autónoma con la tasa más alta del Estado, 23,4 mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres.

No son cifras, no son meras estadísticas, son vidas de mujeres quebradas por la violencia de género. Son vidas de niños, niñas y adolescentes que han crecido en hogares donde la violencia ejercida por hombres hacia sus madres ha sido su referencia vital. Vidas de una infancia víctima también de la violencia vicaria. También son historias de supervivencia y recuperación.

Pero no lo pueden hacer solas, desde los poderes públicos tenemos la obligación de poner en marcha todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad, su recuperación, y actuar de forma contundente para prevenir la violencia de género.

En 2017 se logró por primera vez un gran acuerdo político para reforzar la respuesta institucional frente a la violencia de género con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Un pacto que ha sido renovado el 26 de febrero de 2025 y que ha supuesto la ampliación de 290 a 461 medidas y el reconocimiento a otras formas de violencia como la violencia vicaria, la violencia económica y la digital.

Un Pacto en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado su compromiso con un incremento de un 50% más de dotación económica, hasta alcanzar los 1.500 millones de euros para los próximos cinco años de vigencia de los que 160 millones anuales vienen destinados a las CCAA, un 60% más que en 2017.

Hasta aquí nos podemos felicitar por el avance que ha supuesto el Pacto renovado, pero lamentablemente en Canarias este avance no se ha visto acompañado por la gestión del Gobierno de Canarias.

Una legislatura marcada por presupuestos insuficientes. En 2023 el último presupuesto aprobado por el Gobierno de Ángel Víctor Torres ascendió a 14,4 millones de euros, 4,5 millones de euros más que en 2019. En 2026 el presupuesto aprobado por CC-PP ascendió a 14,7 millones de euros, solo 300.000 euros más que en 2023. Recortes en las ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género. 

El Fondo Canario de Emergencia social ha pasado de 840.000 euros en 2023 a 390.000 en 2026 y las ayudas a víctimas de violencia de género con especiales dificultades de empleo han pasado de 1,5 millones en 2023 a 1,2 millones en 2026. El Instituto Canario de Igualdad ha pasado de presentar y gestionar en el gobierno de Ángel Víctor Torres 17 proyectos con los Fondos del Pacto de Estado, a 5 proyectos en 2025.

La violencia de género sigue creciendo al mismo tiempo que el negacionismo machista se instala con una impunidad cada vez más alarmante y tenemos un Gobierno en Canarias de CC-PP que ha abandonado las políticas de igualdad. La falta de liderazgo y lo más grave, la incapacidad de gestión tiene su máxima expresión en la gestión de los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Por mucho que la señora Candelaria Delgado se empeñe en decir que no se ha perdido ni un solo euro de los Fondos del Pacto, la justificación presentada al Ministerio no deja lugar a ninguna duda. Si recibió en 2025 9,3 millones de euros y presentó una justificación al Ministerio de Igualdad, según la información trasladada ante una solicitud de documentación por la propia consejera, 3,2 millones de euros a 31 de diciembre de 2025, esto quiere decir que se dejó de invertir en 2025 6 millones de euros.

Y en los primeros seis meses del año apenas se han distribuido 1,3 millones de euros de los 9,2 millones que le corresponden a Canarias en 2026 de los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, evidenciando una gestión insuficiente e inaceptable ante una emergencia social que exige respuestas inmediatas y contundentes. 

Ante esta realidad cabría esperar alguna respuesta, reconocer los déficits que se están produciendo y adoptar medidas urgentes para mejorar la gestión. Pero no, el presidente Clavijo nos “sorprende” con un nombramiento en el Instituto Canario de Igualdad de una persona de la que no discutimos su posible valía profesional en otros ámbitos, pero que no tiene ni formación ni experiencia en la gestión de las políticas de igualdad.

El Instituto Canario de Igualdad se ha convertido en una mera cuota, hereditaria para más señas, para darle un sillón en la estructura del Gobierno a uno de sus socios. Este es el Gobierno que venía a profesionalizar la gestión, pero si hablamos de igualdad, vale cualquiera mientras tenga carné de partido.

Esto es un insulto al movimiento feminista, a las profesionales que cada día trabajan y se comprometen en la lucha contra la violencia machista. Canarias no se puede permitir dejar de invertir ni un solo euro de los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, hace falta liderazgo, compromiso feminista, capacidad de gestión y darle la importancia que merece al Instituto Canario de Igualdad. Lamentablemente, con CC y PP tenemos una legislatura perdida para la agenda de la igualdad y la lucha contra la violencia de género.

Por Betsaida González y Elena Máñez