Comunicado oficial de Drago Canarias sobre la Ley de Municipios Turísticos

El Secretariado Nacional de Drago Canarias, máximo órgano de dirección política de nuestro espacio, analizó con los informes realizados por sus bloques de trabajo sectoriales la publicación, este lunes 27 de julio en el Boletín Oficial de Canarias, de la Ley de Municipios Turísticos de Canarias, aprobada el pasado 8 de julio de 2026 en el Parlamento autonómico.

Desde nuestra fundación, asumimos la responsabilidad histórica de abordar los debates estructurales de nuestro país sin cortapisas: la crisis del modelo de turismo masivo, la expulsión habitacional de la población canaria de sus núcleos históricos y la depredación de un territorio que no soporta más presión.  

Tras analizar pormenorizadamente la norma publicada, no podemos callar ante una ley que, bajo el amparo de la gestión administrativa, se convirtió en una monumental oportunidad perdida para configurar el inicio de un cambio de modelo turístico. Agradecemos y hacemos nuestra la rigurosidad de buena parte de la academia pública canaria, así como la firmeza de los colectivos ecologistas y las plataformas sociales que llevan meses advirtiendo del peligro de este texto. 

Frente al triunfalismo de las fuerzas del pacto de gobierno en el Parlamento de Canarias —cabe recordar que la misma contó con el voto favorable también de la oposición—, que celebran el consenso de las élites parlamentarias y económicas, Drago Canarias se posiciona con la ciencia y con la calle.

La ley llama “Excelencia” a indicadores que deberían encender todas las alarmas: economías municipales excesivamente dependientes del turismo, poblaciones flotantes que quintuplican a la población residente y estructuras públicas obligadas a trabajar para una presión humana muy superior a la que el territorio puede soportar. En lugar de premiar la diversificación económica, la protección del suelo, la reducción de camas, la vivienda residencial o la recuperación de barrios para la población canaria, la norma reconoce como mérito aquello que forma parte del problema.

La norma no fija techos vinculantes de camas turísticas, vehículos de alquiler, consumo de agua, generación de residuos, presión energética, movilidad o pérdida de vivienda residencial. Sin límites vinculados a la capacidad de carga ecológica y humana de nuestras islas, hablar de sostenibilidad es retórica. Un municipio no es sostenible porque limpie más, vigile más o se promocione mejor; lo será si puede reducir la presión que hoy hace invivible el territorio para quienes lo habitan.

Todo esto se suma al rechazo de la mayoría parlamentaria a blindar a los pequeños propietarios frente a los grandes operadores hoteleros, perpetuando la inseguridad jurídica de las familias residentes en los complejos turísticos tradicionales. Es evidente que no estamos ante una ley de futuro. Todos aquellos que votaron a favor de un impulso al monocultivo turístico, a la presión de la gran patronal turística, no apuestan por escuchar la voz de la calle, ni por la protección del medioambiente en Canarias, sino por gestionar con paliativos las consecuencias del colapso. 

Consideramos que la norma publicada es un traje a la medida de la patronal que asume la saturación como algo inevitable y consagra una preocupante contradicción de incentivos: para no perder su estatus legal y político, los ayuntamientos se verán obligados a mantener o elevar sus niveles de masificación.

Frente a los mantras de la vieja clase política, el dato anula el relato. Los defensores de este modelo masivo insisten en que la saturación trae prosperidad, empleo y progreso. Sin embargo, los balances oficiales muestran que el monocultivo turístico superó en muchos municipios, e incluso en su totalidad en algunas islas, su capacidad de carga social y ecológica. 

El aumento en Canarias de la desigualdad, del sinhogarismo, de la inseguridad en núcleos turísticos o de los residuos y vertidos no controlados demuestran que la apuesta enloquecida por una competición para premiar a quien incremente el peso turístico de forma desbocada en sus municipios no solo precariza las vidas de sus vecinas y vecinos y degrada el ecosistema social de sus barrios, sino que afecta también a los municipios contiguos y al conjunto de las Islas.  

Esta ley, además, nace en absoluta rebeldía contra los compromisos internacionales que el propio Gobierno de Canarias y el Estado español asumen como propios en materia de sostenibilidad social, económica y medioambiental. ¿Cómo piensa el Gobierno cumplir con los mandatos de hacer sostenibles nuestras ciudades y comunidades o lograr una producción y consumo responsables? La norma aprobada incentiva fiscal y políticamente la masificación e ignora los límites físicos de nuestro país archipelágico.

Introducir menciones cosméticas a planes de movilidad o vigilancia ambiental es simple greenwashing institucional si no se acompaña de la capacidad real de frenar el crecimiento desenfrenado. Sigue siendo una norma reactiva: asume que la llegada ilimitada de turistas es inevitable, sin capacidad de planificar el modelo. 

También queda la gran pregunta de quién paga la factura. Si los municipios turísticos necesitan más limpieza, más seguridad, más agua, más transporte, más personal y más infraestructuras porque soportan una población flotante desproporcionada, ¿de dónde saldrá ese dinero? Sin ficha financiera clara y sin mecanismos redistributivos exigentes, la ley corre el riesgo de socializar los costes de la masificación mientras privatiza sus beneficios.

Reconocemos que la presión social y académica logró corregir parcialmente el sesgo de representatividad inicial mediante la creación de la categoría de "singularidad" y la flexibilización para las islas verdes. Pero paliar el desequilibrio territorial es insuficiente cuando el motor del modelo sigue dirigiéndose directo al precipicio.  

Decrecer turísticamente no significa abandonar a los municipios turísticos, significa protegerlos de una huida hacia adelante que ya está expulsando población, tensionando los servicios públicos y deteriorando los ecosistemas. Significa planificar menos camas, menos presión sobre el agua y el suelo, menos dependencia del alquiler turístico, más vivienda residencial, más economía productiva local y más capacidad democrática y científica para decidir cuánta carga puede asumir cada isla. 

Desde este espacio político de obediencia canaria exigimos un cambio de rumbo contundente. Canarias no necesita leyes para gestionar las consecuencias de la masificación, necesita valentía política para planificar la contención y el decrecimiento turístico. No consideramos que el objetivo de una norma de este calado deba limitarse a “compensar” con recursos destinados a limpiar las playas mientras se expulsa, por activa o por pasiva, a nuestra población de sus casas, sus barrios y sus recuerdos.

Exigimos soberanía, sostenibilidad real y respeto a la dignidad de la población canaria.