LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y EL FUTURO DE CANARIAS

Tras varios años de espera, el pasado 28 de julio, el Gobierno de Canarias presentó a los rectores de la ULL y la ULPGC -sin conocimiento previo del documento- una propuesta de contrato-programa 2027-2030 que incrementaría en 45 millones de euros, en cuatro años, la financiación autonómica para las universidades públicas canarias.

El jueves 30 de este mismo mes, los rectores Lluís Serra (ULPGC) y Francisco García (ULL) calificaron la oferta de “decepcionante” y advirtieron que “pone en jaque” a las universidades públicas: para 2027 necesitan 290,4 millones solo para cubrir subidas salariales legales, frente a los 286,9 millones ofrecidos, generando un desfase de 15 millones. Para los responsables de nuestras universidades públicas, no se cubren ni los gastos estructurales y cronifica la infrafinanciación. Además, denunciaron penalizaciones económicas “sin precedentes” y que la cifra de 2030 (326 millones de euros) queda muy por debajo del 1% del PIB exigido por la LOSU (unos 600 millones de euros). Un fiasco.

Hay momentos en la historia de un pueblo en los que determinadas decisiones trascienden el ámbito de la gestión cotidiana para situarse en el terreno de lo verdaderamente trascendente. La educación superior es uno de esos espacios donde una sociedad define silenciosamente el modelo de país que desea construir. Lo que hoy decidamos sobre nuestras universidades determinará, en buena medida, la Canarias que heredarán quienes vengan detrás de nosotros.

Las universidades públicas canarias no nacieron únicamente para impartir enseñanzas regladas. Surgieron como una conquista colectiva, fruto de una sociedad que entendió que el conocimiento debía dejar de ser un privilegio para convertirse en un derecho. La Universidad de La Laguna primero y, posteriormente, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han sido mucho más que centros docentes. Han sido motores de movilidad social, laboratorios de pensamiento crítico, espacios de creación cultural y científica y, sobre todo, instituciones comprometidas con la realidad de un archipiélago que siempre ha tenido que vencer enormes condicionantes derivados de su lejanía, de su fragmentación territorial y de la fragilidad de su modelo económico.

No existe desarrollo posible sin conocimiento. Tampoco existe soberanía efectiva cuando un territorio renuncia a generar su propia inteligencia colectiva. Las sociedades que dependen exclusivamente del conocimiento producido por otros terminan dependiendo también de las decisiones de otros. Esa es una lección que Canarias debería haber aprendido hace mucho tiempo.

Sin embargo, asistimos desde hace años a una evolución que invita a la preocupación. Mientras los grandes discursos institucionales proclaman la importancia de la innovación, de la investigación y de la economía del conocimiento, la realidad cotidiana de nuestras universidades públicas refleja otra situación bien distinta. Financiación insuficiente, dificultades para renovar las plantillas docentes e investigadoras, precariedad entre los jóvenes investigadores, infraestructuras que requieren una modernización constante y una creciente carga burocrática que consume energías que deberían destinarse a enseñar, investigar y transferir conocimiento a la sociedad.

Todo ello ocurre precisamente cuando el mundo atraviesa una de las transformaciones tecnológicas, económicas y ambientales más profundas de su historia reciente. La revolución digital, la inteligencia artificial, la transición energética, el cambio climático, la gestión sostenible del agua, la biodiversidad, la economía azul o la diversificación productiva constituyen desafíos de enorme complejidad para un territorio tan singular como Canarias. Afrontarlos exige disponer de universidades fuertes, capaces de investigar desde el territorio y para el territorio, conectadas con el mundo pero profundamente comprometidas con la realidad insular.

Es precisamente en este contexto cuando proliferan iniciativas orientadas a la implantación de nuevas universidades privadas en Canarias. No se trata de cuestionar la legitimidad de la iniciativa privada ni de negar el pluralismo propio de una sociedad abierta. El debate es otro mucho más profundo: cuál debe ser el papel de las instituciones públicas en la construcción del bien común y qué modelo universitario responde mejor a los intereses estratégicos de Canarias. Qué propuesta garantiza la educación universal, la que propicia un ascenso social no determinado por la condición económica familiar.

Porque la universidad no puede contemplarse únicamente como un mercado de titulaciones ni como un espacio donde la oferta responde exclusivamente a la demanda inmediata. Una universidad es también una institución al servicio del interés general. Investiga enfermedades raras aunque no resulten rentables; estudia el patrimonio histórico aunque no genere beneficios económicos inmediatos; analiza el cambio climático, la pobreza, la cohesión social, la planificación territorial o la conservación de los ecosistemas porque alguien debe hacerlo si aspiramos a construir un futuro sostenible.

El riesgo aparece cuando el sistema público pierde fortaleza al mismo tiempo que se expande una oferta privada cuya lógica responde necesariamente a criterios distintos. Las universidades privadas seleccionan sus ámbitos de actuación conforme a estrategias empresariales perfectamente legítimas. Las universidades públicas, por el contrario, tienen la obligación de atender todas aquellas necesidades que una sociedad considera esenciales, incluso cuando no producen rentabilidad económica.

Por eso la cuestión no consiste en enfrentar dos modelos de manera simplista. La verdadera pregunta es si Canarias puede permitirse debilitar las instituciones que sostienen su capacidad de generar conocimiento propio. Y la respuesta, desde una perspectiva de responsabilidad colectiva, parece evidente. No hay política económica seria sin política científica. No hay diversificación productiva sin investigación. No hay transición ecológica sin universidades que produzcan innovación. No hay igualdad de oportunidades cuando el acceso al conocimiento depende cada vez más de la capacidad económica de las familias.

En demasiadas ocasiones hemos actuado como si el crecimiento consistiera únicamente en multiplicar infraestructuras, aumentar indicadores turísticos o atraer inversiones exteriores. Pero el verdadero desarrollo se mide por la capacidad de un pueblo para construir capital humano, fortalecer sus instituciones y generar inteligencia colectiva. Esa ha sido siempre la principal riqueza de las sociedades más avanzadas.

Canarias necesita un gran pacto por el conocimiento. Un acuerdo que trascienda los ciclos electorales y sitúe la educación superior en el corazón de una estrategia compartida de desarrollo. Un pacto que garantice una financiación suficiente y estable para las universidades públicas; que facilite la incorporación del talento joven; que refuerce la investigación; que promueva la cooperación con empresas e instituciones sin renunciar nunca a la autonomía universitaria; y que establezca criterios rigurosos para cualquier nuevo proyecto universitario que pretenda implantarse en las islas.

No se trata de cerrar puertas. Se trata de ordenar el crecimiento desde la planificación y no desde la improvisación. Canarias conoce demasiado bien las consecuencias de dejar que sea únicamente el mercado quien decida el destino del territorio. Lo hemos aprendido en el urbanismo, en la ocupación del suelo, en el consumo de recursos naturales y en la configuración de nuestro modelo económico. Sería un error repetir esa experiencia en un ámbito tan decisivo como el conocimiento.

La universidad pública constituye uno de los grandes patrimonios colectivos del pueblo canario. No pertenece a los gobiernos de turno ni a quienes la gestionan circunstancialmente. Pertenece a la sociedad que la sostiene y a las generaciones futuras que encontrarán en ella las herramientas para comprender un mundo cada vez más complejo. Defenderla no significa resistirse al cambio. Significa precisamente lo contrario: dotarla de los recursos necesarios para liderar ese cambio desde el compromiso con el interés general.

Un partido nacionalista debería además, en teoría, ser más consciente de que una universidad pública es imprescindible para el fortalecimiento del conocimiento, la identidad, la cohesión social y la capacidad de autogobierno.

Porque el futuro de Canarias no se decidirá únicamente en los mercados internacionales, ni en los consejos de administración, ni siquiera en las instituciones políticas. Se decidirá, sobre todo, en la capacidad que tengamos para formar ciudadanos libres, investigadores excelentes, profesionales comprometidos y personas capaces de pensar por sí mismas.

Y esa tarea, que constituye una de las expresiones más elevadas del servicio público, sigue teniendo en nuestras universidades uno de sus pilares fundamentales. Debilitarlas sería debilitar la esperanza de un país que necesita más conocimiento, más cohesión y más inteligencia compartida para afrontar con confianza los desafíos del siglo XXI.

                                                                                         Antonio Morales Méndez

                                                                          Presidente del Cabildo de Gran Canaria