San Bartolomé de Tirajana ordena precintar las obras de 18 oficinas en el Corona Roja de Playa del Inglés

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha ordenado la suspensión inmediata y el precinto de las obras que se estaban ejecutando en el antiguo supermercado del complejo Corona Roja, en Playa del Inglés, para habilitar 18 oficinas, al considerar que los trabajos se estaban realizando sin el correspondiente título habilitante.

La medida, de carácter provisional, está recogida en el Decreto 5802/2026, correspondiente al expediente 2026-014368, y se adopta mientras continúa la tramitación del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística. La resolución se fundamenta en un informe jurídico de Urbanismo fechado el 6 de agosto.

El expediente municipal no se inició únicamente a raíz de las denuncias presentadas posteriormente por un copropietario del complejo. Según la documentación que ha trascendido, el 13 de mayo agentes de la Policía Local adscritos al Servicio de Inspección Urbanística ya habían comunicado a Disciplina Urbanística la existencia de trabajos en el edificio para transformar el antiguo supermercado en 18 oficinas y señalaron que se estaban ejecutando «careciendo del correspondiente título habilitante».

La resolución municipal identifica como responsable de las actuaciones, en calidad de propietario o promotor, a la mercantil Ondincinc S.L., representada por Jorge Melantuche. El decreto no atribuye formalmente responsabilidad por estas obras al director-administrador del complejo, Ángel Martel.

La orden establece la paralización inmediata de las obras, actos y usos relacionados con la construcción de las 18 oficinas y encarga a la Policía Local el precinto de las instalaciones, obras y maquinaria afectadas. También contempla medidas para impedir que los trabajos continúen mediante nuevos suministros.

La empresa dispone ahora de un plazo de diez días para presentar alegaciones o aportar la documentación que considere pertinente. Al tratarse de una medida provisional, el Ayuntamiento deberá posteriormente determinar si mantiene, modifica o levanta la suspensión en función de la documentación y de la tramitación del expediente.

El decreto contempla además multas coercitivas de entre 200 y 2.000 euros por cada periodo de diez días en caso de incumplimiento de la orden, hasta un máximo de diez multas, lo que podría elevar la cuantía acumulada hasta los 20.000 euros. También prevé la retirada de materiales y maquinaria y, en determinados supuestos, la ejecución subsidiaria por parte de la Administración a costa del responsable.

Un conflicto que comenzó con denuncias de un copropietario

La actuación de Urbanismo se produce en el marco de un conflicto más amplio dentro del complejo Corona Roja. Un copropietario presentó varias denuncias ante el Ayuntamiento desde junio, en las que reclamaba que se comprobara la legalidad de diferentes actuaciones que, según sostiene, se estaban desarrollando en el inmueble.

Entre las cuestiones planteadas por este propietario figuran la creación de nuevas unidades, actuaciones en diferentes zonas del complejo y posibles afecciones a elementos comunes y recorridos de evacuación. El denunciante sostiene que algunas de estas actuaciones podrían haberse realizado sin las correspondientes autorizaciones.

Sin embargo, estas acusaciones deben diferenciarse de la resolución municipal que acaba de hacerse pública. El Decreto 5802/2026 se refiere específicamente a las obras destinadas a crear las 18 oficinas y no acredita por sí mismo el resto de las presuntas irregularidades denunciadas en el complejo.

El director-administrador y presidente de la comunidad de propietarios, Ángel Martel, ha rechazado las acusaciones y ha defendido públicamente que las actuaciones realizadas cuentan con los correspondientes permisos municipales. También ha negado que se estén ejecutando obras ilegales y ha cuestionado las denuncias formuladas contra el complejo.

También hay actuaciones del Gobierno de Canarias

El caso no se limita al ámbito municipal. La Dirección General de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias comunicó el pasado 3 de julio que, tras recibir una denuncia relacionada con el Corona Roja, había ordenado actuaciones de comprobación dentro de la planificación de su unidad administrativa. El expediente figura con la referencia EXP-SIN-1732-2026.

Por otro lado, una denuncia presentada ante la Dirección General de Industria fue archivada el 14 de agosto al considerar que el procedimiento utilizado no era el adecuado para abordar las cuestiones planteadas en un establecimiento turístico. El propio organismo señaló que las denuncias relacionadas con establecimientos turísticos corresponden al Servicio de Inspección y Sanciones de Turismo, mientras que las licencias de apertura y actividad son competencia municipal.

Una suspensión que no supone todavía una resolución definitiva

La orden de paralización y precinto no constituye todavía una resolución definitiva sobre la legalidad de las obras ni sobre el conjunto de la situación del Corona Roja. Se trata de una medida provisional destinada a impedir que los trabajos continúen mientras se tramita el procedimiento urbanístico.

La documentación municipal sí confirma, no obstante, que el Ayuntamiento tenía constancia de las obras de las 18 oficinas al menos desde el 13 de mayo y que, tras las comprobaciones realizadas, Urbanismo ha considerado necesario adoptar la suspensión y el precinto.

El futuro de las obras dependerá ahora de la documentación que presente la empresa promotora y de la resolución que adopte el Ayuntamiento una vez avance el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística.

Por el momento, lo acreditado administrativamente es la paralización y precinto de las obras de las 18 oficinas. Las restantes acusaciones formuladas por particulares sobre otras posibles actuaciones en el complejo continúan pendientes de las correspondientes comprobaciones administrativas y no pueden darse por acreditadas.