Arranca en Las Palmas el juicio contra Raúl Asencio y otros tres futbolistas por la grabación y difusión de un vídeo sexual

La Plaza número 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria inicia este jueves, 3 de septiembre, la vista oral contra el futbolista del Real Madrid Raúl Asencio y otros tres jugadores, procesados por su presunta implicación en la grabación y posterior difusión de imágenes de contenido sexual realizadas en junio de 2023 en un club de playa del municipio de Mogán.

El juicio está previsto que se desarrolle durante tres jornadas, los días 3, 4 y 7 de septiembre, a partir de las 9.00 horas, en la sala 17 de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. En principio, los cuatro acusados participarán en la vista mediante videoconferencia, según la información trasladada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Los hechos se remontan al 15 de junio de 2023, cuando se produjo un encuentro sexual consentido entre los investigados y dos jóvenes en un establecimiento de la zona de Mogán. El procedimiento judicial investiga la posterior grabación y difusión de imágenes de carácter sexual sin el consentimiento de las afectadas. Una de las jóvenes era menor de edad en el momento de los hechos.

Según las acusaciones recogidas en el procedimiento, tres de los futbolistas están acusados de delitos relacionados con la grabación y distribución de las imágenes, mientras que Raúl Asencio afronta una acusación diferenciada relacionada con la exhibición del vídeo a una tercera persona. En el caso de tres de los procesados, la Fiscalía mantiene además la acusación por distribución de pornografía infantil, al aparecer una menor en las imágenes.

El perdón de las denunciantes, una de las claves del juicio

Uno de los elementos que marcará el comienzo de la vista será el perdón de las personas perjudicadas. Las dos denunciantes han retirado la acusación respecto de Raúl Asencio después de que este las indemnizara y de que el futbolista reconociera posteriormente su actuación en una carta remitida a las afectadas.

La Fiscalía ha señalado que el perdón debe ser ratificado ante la autoridad judicial durante el juicio para que pueda desplegar sus efectos respecto de los delitos contra la intimidad. La decisión, por tanto, no opera automáticamente sobre todos los delitos investigados.

La cuestión adquiere especial relevancia porque el eventual perdón de las denunciantes no tendría efecto sobre la acusación por distribución de pornografía infantil, según la información difundida sobre el procedimiento. Para determinar el alcance de ese perdón será necesario escuchar a las perjudicadas durante el plenario y someter sus declaraciones a contradicción.

Las defensas no consiguieron anular el procedimiento

La celebración del juicio llega después de que la jueza rechazara las pretensiones de las defensas para declarar la nulidad de las actuaciones. La resolución consideró que no había quedado acreditada la vulneración de derechos fundamentales alegada por los abogados de los investigados.

La causa se inició a raíz de los hechos ocurridos en Mogán en 2023 y de las investigaciones posteriores sobre la existencia y difusión de las imágenes. La instrucción ha permitido determinar las distintas responsabilidades que la Fiscalía atribuye a cada uno de los cuatro procesados.

El Ministerio Público solicita penas diferentes en función de la participación que atribuye a cada acusado. Para tres de los procesados mantiene una petición conjunta de cuatro años y siete meses de prisión, mientras que la acusación contra Asencio es de menor entidad al circunscribirse a delitos contra la intimidad.

El juicio permitirá ahora escuchar a las partes, a las personas perjudicadas y al resto de intervinientes para determinar si los hechos y las responsabilidades penales atribuidas por las acusaciones quedan acreditados.

La vista se celebrará con carácter público en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, aunque determinadas declaraciones o actuaciones podrían quedar sometidas a las medidas de protección previstas legalmente para preservar la intimidad de las personas afectadas.