'CC Y PP cuestionan en Tenerife a BOLUDA-MARSA MAROC ¿Y en GRAN CANARIA?'

CC y PP presentaron la semana pasada una moción en el Cabildo de Tenerife exigiendo la paralización por parte del Gobierno de España de la operación diseñada por Boluda Maritime Terminals para integrar a la empresa pública marroquí Marsa Maroc en este holding portuario. La decisión adoptada ahora por el gobierno de la isla del Teide cuestionando la entrada de la empresa alauita en Boluda debería haber hecho sonar todas las alarmas en Canarias desde hace mucho tiempo. No porque una empresa propiedad del Reino de Marruecos  invierta en España sea, por sí misma, motivo de preocupación, sino porque estamos hablando de una participación del 45% en una compañía que gestiona terminales portuarias estratégicas, entre ellas las de Canarias, dentro de una operación que Boluda y Marsa Maroc calificaron expresamente de “alianza estratégica”. 

Y hay una circunstancia que resulta difícil ignorar: quien esto escribe ya había advertido de ello en enero de este año. Como presidente del Cabildo de Gran Canaria pedí entonces al Ministerio de Industria que analizara la operación, que examinara su posible sometimiento al régimen de control de inversiones extranjeras y que, si procedía, la condicionara o incluso la desautorizara. Mi argumentación no era empresarial ni coyuntural: sostenía que podía afectar al funcionamiento, estabilidad y futuro del Puerto de La Luz y Las Palmas, incluida su consideración como infraestructura crítica. No nos olvidemos de que esta empresa tiene un puesto de representación empresarial en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Desde entonces han pasado muchos meses. Y ahora es el Cabildo de Tenerife el que toma posición. Su Pleno ha reclamado al Gobierno de España que no autorice la operación sin una evaluación exhaustiva de sus consecuencias geopolíticas, económicas, laborales, logísticas y de competencia, y ha señalado expresamente el riesgo de desviación de tráficos hacia puertos marroquíes competidores. 

La pregunta, por tanto, ya no es solamente qué piensa Tenerife, que ya los sabemos. La pregunta es qué ha hecho Gran Canaria durante estos meses para defender su principal infraestructura portuaria. Porque aquí existe una paradoja difícil de explicar: el presidente del Cabildo de Gran Canaria fue quien primero elevó públicamente la cuestión al Gobierno de España, pero aquella advertencia no parece haber encontrado detrás una respuesta institucional, ni política, ni sindical, ni empresarial suficientemente amplia en nuestra isla.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas conocía la operación. Su presidenta, Beatriz Calzada, optó en diciembre por no pronunciarse sobre ella y manifestó su confianza en que la alianza no perjudicara a los puertos canarios. Tampoco lo hicieron las organizaciones empresariales y sindicales del Puerto de La Luz y de Las Palmas, ni las tinerfeñas. Ni el Gobierno de Canarias, adalid, dice, de la buena vecindad con Marruecos.  Es legítimo preguntar si esa posición sigue siendo suficiente hoy. Porque desde entonces el contexto ha cambiado, no tenemos más que ver lo que ha sucedido y está sucediendo con Ceuta, con el Pacto de Abraham y el diseño de un plan maestro para el control del Mediterráneo, el estrecho de Gibraltar y el Atlántico por parte de EEUU, Israel y Marruecos. La operación no ha desaparecido. Marsa Maroc mantiene su participación del 45% en BMT  con presencia conjunta en 34 terminales de 20 puertos de España, Canarias y África. 

Y también ha cambiado el debate político. Ahora Tenerife acaba de convertir la preocupación en una posición institucional, como hace nueve meses lo hizo el Cabildo de Gran Canaria a través de su presidente. Aquí convendría dirigir también la mirada hacia Coalición Canaria y el Partido Popular en Gran Canaria. Porque si CC y PP consideran ahora, en Tenerife, que la entrada de Marsa Maroc merece una evaluación específica por sus posibles efectos sobre los puertos, la competencia y los tráficos marítimos, sería razonable preguntar por qué esa misma preocupación no ha tenido una expresión equivalente en Gran Canaria.

No se trata de reclamar que apoyen al presidente del Cabildo de Gran Canaria. Se trata de algo mucho más sencillo: que defiendan el Puerto de La Luz. Una infraestructura que no pertenece a un partido, ni a un gobierno, ni siquiera a una isla entendida en términos partidistas. Es una infraestructura esencial para el abastecimiento, la economía y la conectividad de Canarias.

Si Tenerife está ahora expresando preocupación por una operación que también afecta a los puertos grancanarios, la respuesta debería ser una posición común de Canarias. Porque el problema trasciende a cada isla. Marsa Maroc no es un operador cualquiera. Es una empresa portuaria pública marroquí y la operación con Boluda se integra en una operativa  empresarial más amplia de expansión y conexión entre las dos orillas. La propia Boluda explica que la alianza pretende reforzar su posicionamiento en el corredor Marruecos-España.  Al mismo tiempo, Marruecos está desarrollando una red portuaria de enorme dimensión y ambición. Tánger Med, Nador West Med y el proyecto de Dajla forman parte de una transformación del mapa logístico del Atlántico y del Mediterráneo occidental.

No puedo afirmar que exista una estrategia dirigida contra Canarias, pero está clarísimo que la competencia hacia nuestros puertos va a aumentar notablemente. Y precisamente por eso resulta tan preocupante que Canarias no parezca disponer de un marco de trabajo  portuario común cuando se producen movimientos políticos-empresariales geoestratégicos que ponen en riesgo el estatus actual.

El Puerto de La Luz compite en un espacio cada vez más complejo. Compite por los tráficos, por el transbordo, por el suministro, por los servicios marítimos y por su capacidad de seguir siendo el gran nodo logístico del Atlántico Medio. En ese contexto, las decisiones empresariales que modifican la participación en la gestión de terminales portuarias estratégicas merecen ser examinadas con serenidad, transparencia y visión de largo plazo. Eso es lo que está reclamando ahora Tenerife. Y eso es lo que toda Gran Canaria debería haber reclamado desde el primer momento.

Porque lo verdaderamente preocupante no es que el presidente del Cabildo de Gran Canaria haya planteado esta cuestión. Lo preocupante sería que, nueve meses después, la principal autoridad portuaria de la isla, sus principales fuerzas políticas de oposición y las instituciones autonómicas siguieran sin convertirla en una cuestión clave de acción política y de gobierno.

El Gobierno de España tampoco puede limitarse a tramitar el expediente administrativo como si estuviéramos ante una inversión ordinaria. Sé que está actuando y he podido sentarme con las inspectoras designadas para ello. También lo han hecho otros interlocutores de las islas. El Congreso ya ha tramitado, igualmente, preguntas sobre el impacto de la entrada de Marsa Maroc en la competitividad de los puertos canarios y sobre el control administrativo de la operación. Lo que se necesita es conocer con claridad y cuanto antes qué evaluación  ha hecho el Estado, qué mecanismos de control se han aplicado y qué garantías existen para preservar la competitividad y la seguridad de los puertos canarios. En suma, que la decisión necesaria de paralización de la propuesta no se dilate más en el tiempo.

Por otra parte, todo esto no debería convertirse en otra batalla partidista. Debería convertirse en una llamada de atención. Los puertos son las puertas de Canarias al mundo. Y cuando cambia el mapa de poder alrededor de esas puertas, no basta con esperar a ver qué ocurre. Hay que mirar el horizonte, anticiparse y defender aquello de lo que depende nuestra conectividad, nuestro abastecimiento y buena parte de nuestra economía.

Y quizá la decisión del Cabildo de Tenerife tenga precisamente ese valor: obligarnos a preguntarnos por qué una advertencia que partió de Gran Canaria hace casi un año ha necesitado llegar a otra isla para, espero,  adquirir una mirada autonómica.