Alejandro Marichal reclama la colaboración del PSOE y del Cabildo de Gran Canaria para desbloquear una iniciativa que busca dar seguridad jurídica a los residentes afectados por la normativa turística

Coalición Canaria (CC) de San Bartolomé de Tirajana ha reiterado su compromiso con la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) y ha pedido al resto de fuerzas políticas que colaboren para sacar adelante la ordenanza municipal que pretende clarificar el uso residencial en las zonas turísticas del municipio.

El secretario local de CC, Alejandro Marichal, ha tendido la mano al PSOE y, en particular, a Gustavo Santana, a quien solicita que medie con sus compañeros de partido en el Cabildo de Gran Canaria para encontrar una solución al problema que afecta a los residentes. La formación defiende que la iniciativa municipal pueda servir también de referencia para otros municipios del archipiélago que afrontan una situación similar.

La petición llega después de las críticas de Santana, que acusó a Marichal de haber traicionado a los afectados y de haber buscado su apoyo electoral sin ofrecerles después una respuesta. CC rechaza estas acusaciones y sostiene que ha mantenido su compromiso con la plataforma tanto durante su etapa en la oposición como desde su entrada en el gobierno municipal.

Como antecedente, la formación recuerda que el 28 de octubre de 2022 presentó una moción de apoyo a la iniciativa legislativa popular de la PALT en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Según CC, los siete concejales del PSOE votaron en contra de la propuesta, que solicitaba la tramitación y aprobación de la iniciativa en el Parlamento de Canarias.

La organización también alude a los cambios normativos aprobados durante las legislaturas presididas por Fernando Clavijo. En 2017, la Ley del Suelo abrió la posibilidad de reconocer determinados usos residenciales que ya existían en parcelas turísticas a 1 de enero de ese año, condicionados a su concreción en el planeamiento municipal. En 2025, otro decreto eliminó el mecanismo que permitía sustituir al propietario por incumplir el uso turístico y estableció una vía para solicitar la paralización de determinados procedimientos sancionadores.

No obstante, CC considera que los requisitos para acogerse a esta última medida son excesivamente complejos y pueden dificultar su aplicación por parte de las familias afectadas.

Una ordenanza pendiente de resolver con el Cabildo

En el ámbito municipal, la formación sitúa el inicio de su propuesta en junio de 2024, cuando anunció su intención de impulsar una ordenanza provisional. En abril de 2025 comenzó su redacción desde el área de Urbanismo, con el objetivo de aclarar la situación de las viviendas residenciales ubicadas en zonas turísticas y reducir la incertidumbre jurídica de sus propietarios.

Sin embargo, la iniciativa se enfrenta a las objeciones del Cabildo de Gran Canaria. Según CC, el informe insular del 3 de septiembre de 2026 plantea descartar la vía de una ordenanza aclaratoria y abordar el asunto mediante una modificación del Plan General.

Ante esta diferencia de criterio, Marichal reclama la colaboración de las distintas administraciones para encontrar una fórmula que permita avanzar. La formación pide a Santana que traslade esta voluntad de diálogo al PSOE y que contribuya a acercar posiciones con el gobierno insular, integrado por PSOE y Nueva Canarias.

CC asegura que seguirá trabajando junto a la PALT para lograr una solución que permita a los residentes vivir con mayor tranquilidad y seguridad jurídica. La organización sostiene que el objetivo debe ser resolver el problema, más allá de qué partido pueda atribuirse el mérito político de la iniciativa.