NC-BC comparte el objetivo de reforzar la autoridad del profesorado canario

La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Carmen Hernández, cuestionó hoy que la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado de Canarias nazca sin financiación ni compromisos concretos que garanticen un respaldo efectivo a los docentes. El grupo nacionalista progresista comparte el objetivo de reforzar la autoridad del profesorado, pero advierte de que la norma no incorpora las medidas ni los recursos necesarios para responder a las necesidades de los centros educativos. Hernández rechazó la posibilidad de generar “falsas expectativas” en los docentes porque “lo último” que necesita la escuela canaria son “declaraciones y buenas palabras, y menos a siete meses de las elecciones” de mayo de 2027.

La portavoz educativa subrayó que NC-BC comparte el objetivo fundamental del dictamen de la proposición de ley. Sin embargo, dijo que la norma tiene dos carencias fundamentales, la falta de consenso y participación de la comunidad educativa y la ausencia de compromisos concretos en materia de recursos humanos, materiales y económicos.

Denunció que el Gobierno de las dos derechas canarias (CC y el PP) no incorporaran las aportaciones del Consejo Escolar de Canarias, de los representantes sindicales, de la Plataforma de Directores y Directoras y de otros representantes de la comunidad educativa, incluidas las familias.

Hernández defendió que “participar y alcanzar consenso no significa escuchar y luego caminar como si no hubiera ocurrido nada, sino incorporar las aportaciones” de los colectivos representativos. Indicó que las enmiendas NC-BC recogían propuestas de los distintos sectores de la comunidad educativa, pero reprochó que los grupos del Ejecutivo (CC, PP, ASG y la AHI) rechazaran la práctica totalidad de las mismas.

Abogó por una autoridad pedagógica basada en el conocimiento, la profesionalidad y el respeto mutuo, alejada del autoritarismo y respuestas simplistas a los problemas de convivencia escolar. Por este motivo, reclamó que se actualice el marco de convivencia, establecer protocolos claros y reforzar los mecanismos de prevención, mediación e intervención. Todo, tal y como puntualizó, adaptado a los nuevos desafíos. Entre ellos, el acoso y la violencia digital.

En relación a la falta de recursos y de medidas concretas para la protección efectiva del profesorado, Carmen Hernández cuestionó que la norma no garantizara mejoras en los medios disponibles para los centros ni una respuesta ante agresiones, amenazas o acoso.

“¿Qué va a cambiar en los centros educativos canarios al día siguiente de la entrada en vigor de esta ley?”, preguntó la portavoz sectorial de NC-BC.

En su opinión, sin respuestas a esta y otras cuestiones planteadas existe el riesgo de que la ley se quede en una “declaración” formal. Ha recordado, además, que el reconocimiento de la autoridad docente ya está contemplado en la normativa educativa vigente de la Lomloe.

Entre las propuestas defendidas por Nueva Canarias figuran el refuerzo de las plantillas, la incorporación de más profesionales de apoyo y orientación educativa, la extensión de la docencia compartida, la reducción de ratios y una mayor atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).

NC-BC también propuso medidas para mejorar las condiciones laborales del profesorado, reforzar la estabilidad profesional, ampliar la formación, reconocer la carrera docente y adaptar las retribuciones a las responsabilidades asumidas.

Reclamó medidas para los equipos directivos, como la reducción de sus cargas lectivas y administrativas y una retribución acorde con sus responsabilidades. Asimismo, planteó un reconocimiento profesional y económico para quienes trabajan en centros de especial complejidad o asumen más funciones.

Carmen Hernández aseguró que la voluntad de NC-BC era mejorar la ley mediante las enmiendas porque “nos tomamos muy en serio la educación”. Por esta razón, agregó, “no podemos contribuir a generar falsas expectativas” en el profesorado canario. La parlamentaria de Nueva Canarias-BC sostuvo que “lo último” que necesita la escuela canaria son “declaraciones y buenas palabras, y menos a siete meses” de los comicios canarios del próximo año.