La operación permitió retirar 40,2 kilos de pescado de procedencia ilícita. En uno de los establecimientos inspeccionados en Mogán se detectaron ciguatoxinas en ejemplares de pejerrey, una sustancia peligrosa que no desaparece con la cocción ni con la congelación.
La Guardia Civil investiga a cinco personas por su presunta implicación en una trama dedicada al robo sistemático de lubinas en una piscifactoría marina de Castillo del Romeral, en San Bartolomé de Tirajana, y su posterior venta clandestina a establecimientos de restauración del sur de Gran Canaria. La investigación también permitió detectar pescado con ciguatoxinas en un local de Mogán, lo que motivó la apertura de diligencias por un presunto delito contra la salud pública.
La operación, denominada Seabass, se inició después de que la empresa afectada denunciara en agosto los continuos robos de pescado y los daños ocasionados en las redes de sus viveros, unos hechos que se producían desde mayo. Las pesquisas del Equipo ROCA de la Guardia Civil permitieron identificar a un grupo de tres personas que presuntamente utilizaba dos embarcaciones semirrígidas para acercarse a las jaulas marinas.
Según la investigación, mientras uno de los implicados vigilaba desde la superficie, los otros dos se sumergían con fusiles de pesca submarina para capturar lubinas de gran tamaño, perforando las redes a casi dos metros de profundidad. Después, el pescado era trasladado por carretera y distribuido de forma clandestina en restaurantes de zonas costeras del sur de la isla.
El perjuicio económico acreditado para la empresa, entre los daños ocasionados y el producto sustraído, asciende a 172.188,69 euros.
Retiran 40,2 kilos de pescado del mercado
La fase de explotación de la operación comenzó el 22 de septiembre, con inspecciones coordinadas entre la Guardia Civil, el Servicio de Inspección Pesquera y las autoridades sanitarias del Gobierno de Canarias. Durante las actuaciones se retiraron del mercado 40,2 kilos de lubinas procedentes de los robos y que carecían de etiquetado, factura o documentación que acreditara su trazabilidad.
Durante una de las inspecciones, realizada en un establecimiento de Mogán, los agentes localizaron también ejemplares de pejerrey cuyo origen no estaba justificado. Al tratarse de una especie sometida a controles oficiales por la posible presencia de ciguatoxinas, se enviaron muestras al Instituto Universitario de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (IUSA).
Los análisis confirmaron la presencia de estas toxinas, que pueden provocar intoxicaciones graves y no se eliminan mediante la cocción ni la congelación. Ante el riesgo para los consumidores, se abrieron diligencias independientes por un presunto delito contra la salud pública contra la persona responsable del establecimiento.
Cinco personas investigadas
La operación culminó a mediados de octubre con cinco personas investigadas, sin que se practicaran detenciones. Tres de ellas están vinculadas presuntamente a los robos en la piscifactoría, mientras que otras dos, responsables de establecimientos de restauración en Puerto Rico y Playa de Mogán, son investigadas por una presunta receptación de la mercancía sustraída.
La persona al frente del local de Mogán investigado por la presencia de ciguatoxinas suma a estos hechos las diligencias por el presunto delito contra la salud pública. Además, la Guardia Civil trasladó a la autoridad judicial los indicios recabados sobre un tercer establecimiento de San Agustín, ante las sospechas de que también recibía pescado sin documentación.
La Guardia Civil y el Gobierno de Canarias recuerdan que la compra y el consumo de productos pesqueros fuera de los canales legales impiden garantizar los controles sanitarios. La identificación del lote y la trazabilidad del pescado son elementos esenciales para comprobar su procedencia y reducir los riesgos para la salud.
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