La norma permitirá a los propietarios solicitar un certificado municipal sobre la situación jurídica de sus apartamentos y bungalós, una vez se apruebe definitivamente. El texto inicia ahora el periodo de información pública y presentación de alegaciones.
El pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha aprobado este jueves por unanimidad, de forma inicial, la ordenanza municipal que establece los criterios para determinar la situación jurídica del uso residencial en apartamentos y bungalós de la zona turística litoral. La medida busca aportar seguridad jurídica a los propietarios que llevan años reclamando claridad sobre la situación de sus viviendas.
La aprobación se produjo ante cerca de 80 vecinos, entre ellos representantes de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), que aplaudieron el respaldo de todos los grupos políticos.
La ordenanza diferencia las situaciones legales de los inmuebles en función de cuándo comenzó el uso residencial, si estaba autorizado y qué normativa resulta aplicable. Para ello, tiene en cuenta los distintos marcos urbanísticos establecidos antes y después del Plan General de 1996, la Ley de Renovación Turística de 2013 y la Ley del Suelo de 2017.
La regulación distingue entre los usos residenciales conformes al planeamiento, los que se encuentran en situación legal de consolidación y aquellos que están fuera de ordenación, con el régimen correspondiente a cada caso.
Un certificado municipal para los propietarios
Una de las principales medidas previstas es la posibilidad de solicitar un certificado municipal que acredite la situación jurídica del uso residencial de cada inmueble. Para ello, los propietarios podrán aportar documentación como escrituras, licencias, empadronamientos, suministros y otros antecedentes.
Según explicó la concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez, el Ayuntamiento dispondrá de un plazo de un mes para emitir el certificado una vez que la ordenanza esté aprobada definitivamente y resulte aplicable.
Este documento tendrá carácter declarativo, por lo que no supondrá la legalización automática de la vivienda ni la anulación de posibles sanciones. No obstante, podrá aportarse como prueba en los procedimientos correspondientes, con los efectos que legalmente procedan.
El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, señaló que la aprobación es resultado de años de diálogo con los afectados y de dos años de trabajo técnico y jurídico durante la presente legislatura. También agradeció la labor de los servicios municipales y el respaldo de los grupos políticos que permitió alcanzar la unanimidad.
La ordenanza inicia ahora su tramitación
Con la aprobación inicial se abre la fase de información pública, durante la que podrán presentarse alegaciones antes de completar la tramitación de la norma.
Durante el pleno también se recordó a Blas Padrón, expresidente de la PALT, y al abogado Javier Luzardo, que colaboró en la defensa jurídica de los afectados y falleció antes de que la ordenanza llegara a debate plenario.
El gobierno municipal plantea como siguiente objetivo defender la convivencia de los usos residenciales y turísticos en el futuro Plan de Modernización de Maspalomas-Costa Canaria, con las garantías legales necesarias.
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