El decreto ley amplía hasta finales de 2027 el plazo de adaptación para determinados propietarios y mantiene un régimen específico para las Islas Verdes.
El Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley que establece los requisitos mínimos para el uso turístico de viviendas como actividad clasificada y modifica aspectos de la Ley 6/2025 de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas.
La nueva norma busca concretar las exigencias técnicas que deberán cumplir los titulares de viviendas vacacionales y facilitar una transición hacia el nuevo marco regulatorio, ampliando algunos plazos de adaptación y estableciendo medidas específicas para El Hierro, La Gomera y La Palma.
Entre las novedades, el decreto fija el contenido mínimo de la memoria técnica que deberán presentar los propietarios para acreditar el cumplimiento de la normativa de actividades clasificadas. La documentación deberá incluir, entre otros elementos, planos de situación y distribución, fotografías del inmueble y documentación sobre la primera ocupación.
También se contemplan requisitos relacionados con la seguridad estructural, cuando sea necesario, y medidas de protección contra incendios, como detectores de humo, extintores y señalización de evacuación. Las viviendas con piscina y aquellas que presenten determinadas condiciones de acceso deberán cumplir además exigencias específicas.
Estos requisitos serán también de aplicación a las nuevas viviendas que quieran iniciar la actividad turística mientras se aprueba la normativa técnica definitiva.
El plazo se amplía hasta diciembre de 2027
Una de las principales medidas del decreto es la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2027 del plazo para presentar la comunicación previa de actividad clasificada.
Esta medida está dirigida a quienes ya desarrollaban la actividad turística antes de la entrada en vigor de la nueva regulación y tienen pendiente completar su proceso de regularización administrativa.
El Gobierno de Canarias señala que la ampliación pretende dar tiempo a los propietarios para adaptarse a los requisitos técnicos ahora establecidos. Las viviendas que no completen la regularización dentro del plazo previsto podrán continuar desarrollando la actividad durante cinco años adicionales, tras los cuales deberán cesar en el uso turístico.
La norma también refuerza las funciones de comprobación e inspección de los ayuntamientos y cabildos. Los municipios deberán aprobar y comenzar a aplicar sus planes de control en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la normativa, con una duración máxima de cuatro años.
Régimen especial para las Islas Verdes
El decreto ley incorpora medidas específicas para El Hierro, La Gomera y La Palma, manteniendo el régimen especial previsto para las denominadas Islas Verdes.
En estas islas, las determinaciones territoriales y urbanísticas recogidas en la Ley 6/2025 no serán aplicables hasta el 13 de diciembre de 2030, manteniéndose durante ese periodo el marco normativo específico vigente.
Además, se contempla una medida para las viviendas vacacionales destruidas por la erupción volcánica de La Palma en 2021. Los inmuebles afectados podrán reconstruirse y recuperar su actividad turística conservando su signatura y los derechos vinculados, sin tener que cumplir el requisito de antigüedad mínima establecido en la nueva regulación.
El decreto ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y tendrá efectos retroactivos desde el 13 de diciembre de 2025, fecha de entrada en vigor de la Ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas.









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