Propietarios de Puerto Plata reclaman al Ayuntamiento de Mogán una actuación urgente ante las obras del complejo por parte de Servatur

Hace unos meses el Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana suspendó de forma cautelar un acuerdo de la comunidad de propietarios del complejo Puerto Plata que permitía a Servatur utilizar más de 500 metros cuadrados de zonas comunes para construir siete nuevos apartamentos turísticos.

Cuatro propietarios llevaron el caso a los tribunales al considerar que el acuerdo podía ser nulo y que existía un desequilibrio económico. La cesión estaba prevista por 15 años, prorrogables otros 15, y contemplaba que la empresa realizara obras de mejora en el complejo a cambio del uso de estos espacios.

La resolución judicial es provisional y no entra todavía en el fondo del conflicto, aunque paraliza la ejecución del acuerdo mientras continúa el procedimiento.

Ante la continuidad de las obras por parte de Servatur pese a las medidas cautelares dos propietarios del Complejo Puerto Plata, en Puerto Rico, han presentado un nuevo escrito ante el Ayuntamiento de Mogán en el que reclaman una actuación urgente sobre las obras y ocupaciones que, según denuncian, afectan a distintas zonas del recinto y plantean problemas relacionados con la seguridad, la evacuación y el uso de espacios comunes. 

Los propietarios aseguran haber presentado durante los últimos meses varios escritos y denuncias relacionados con las obras, solicitando inspecciones, medidas cautelares, la paralización de determinados trabajos y el acceso a los expedientes administrativos abiertos sobre el complejo. Según exponen, hasta el momento no han recibido una resolución expresa y motivada sobre estas peticiones llevando más de 6 meses conviviendo con todos los problemas que supone una obra de gran magnitud en el complejo.

En el nuevo escrito, cuestionan la respuesta municipal y señalan que la actuación del Ayuntamiento se ha limitado, entre otras actuaciones, a una inspección realizada el 24 de junio de 2026 y a un informe técnico fechado el 29 de julio. Los comparecientes consideran que este informe no determina con precisión qué trabajos cuentan con cobertura administrativa ni analiza, según sostienen, aspectos relacionados con la protección contra incendios y las vías de evacuación. 

El documento advierte además de la existencia de trabajos y ocupaciones que, a juicio de los propietarios, afectan a instalaciones de detección y alarma contra incendios, recorridos de evacuación, instalaciones eléctricas, saneamiento y zonas comunes. También hacen referencia al uso del aparcamiento comunitario como zona de acopio de materiales y a la ocupación de plazas de estacionamiento público mediante contenedores y otros elementos vinculados a las obras.

Por este motivo, solicitan al Ayuntamiento de Mogán que impulse los expedientes administrativos y adopte una resolución sobre las medidas cautelares solicitadas. Entre sus peticiones figura la suspensión total o selectiva de aquellos trabajos que puedan afectar a la seguridad y a las zonas comunes mientras se realiza una comprobación actualizada de la situación del complejo. 

Asimismo, reclaman una nueva inspección presencial, con participación de los servicios competentes en materia de urbanismo, disciplina urbanística, protección contra incendios, salubridad y ocupación del dominio público. Los propietarios también solicitan que se les reconozca formalmente la condición de interesados en los procedimientos y se les facilite el acceso a la documentación de los expedientes. 

Los comparecientes advierten de que, si no se produce una respuesta administrativa, estudian recurrir a la vía contencioso-administrativa por lo que consideran una falta de actuación ante las denuncias presentadas. El escrito plantea, no obstante, esta solicitud como una última petición para que la administración municipal impulse los procedimientos y adopte las medidas que considere necesarias.

Las denuncias y reclamaciones recogidas en el escrito representan la posición de los propietarios firmantes y deberán ser objeto de la correspondiente valoración y resolución por parte de las administraciones competentes.