Onalia Bueno firma un decreto y ordena el abono en su cuenta de casi cuarenta mil euros por el coste de los abogados de la operación Góndola

La alcaldesa de Mogán afirma en un escrito que el Ayuntamiento nunca le otorgó protección jurídica y que se la tuvo que costear ella misma.

NC ha presentado un recurso en el que acredita que la alcaldesa de Mogán ha faltado a la verdad, y demuestra que a partir del año 2007 recibió mas de cinco mil euros en los conceptos que ahora reclama.

NC insta al interventor a que inicie el expediente de reintegro de las cantidades indebidamente abonadas a Onalia Bueno en concepto de honorarios por letrado y procurador.

      El pasado 31 de mayo de 2021, y con número de registro de entrada 7639/2021, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, solicitó ser indemnizada por los  gastos de defensa jurídica y representación que ella había sufragado para defenderse de las imputaciones de las que fue objeto, en el marco de la operación Góndola allá por el año 2007, momento en el que fue detenida por la policía nacional.

        En dicho escrito, Onalia Bueno afirma y citamos textualmente que “el ayuntamiento de Mogán nunca ofreció a esta edil imputada la protección jurídica consistente en la representación y defensa en juicio a que se refiere el actual artículo 213 del ROM, por lo que la única alternativa fue su elección y contratación de modo directo”, para acto seguido reclamar el pago de unos 39.000€ en concepto de honorarios de letrado y procurador.

        Sin embargo, y así lo ha acreditado Nueva Canarias (NC) a través de un recurso presentado contra el acuerdo de Junta de Gobierno que autoriza el pago de dichas cantidades, Onalia Bueno ha faltado a la verdad, pues el Ayuntamiento de Mogán si le ofreció protección jurídica, tal y como lo acreditan las actas las juntas de gobierno local de fecha 19/02/2007, 05/03/2007, 30/04/2007, 01/08/2007 y del 30/06/2008. Las cuantías a las que hacen referencia estos acuerdos podrían superar los 20.000 euros, por lo que Onalia Bueno podría haber cobrado dos veces por los mismos conceptos.

        Así las cosas, la formación nacionalista, ha recogido en su recurso una batería de alegaciones que ponen en tela de juicio la actuación de los funcionarios que han intervenido en el expediente, ya que podría haber obviado el cumplimiento de los requisitos que exige el Tribunal Supremo para poder abonar este tipo de gastos a los representantes políticos.

        Uno de los criterios que fija el Alto Tribunal, y del que es plenamente conocedora Onalia Bueno y los letrados municipales, es que las imputaciones se hayan producido en el ejercicio del cago y por tanto de las competencias que el alcalde le hubiese atribuido. Esto supone que la alcaldesa de Mogán debe acreditar que los delitos que le imputaron está relacionados con sus responsabilidades como concejal de Mogán en el año 2006. Sin embargo, Onalia Bueno, que solicita la indemnización para los procedimientos de Diligencias previas 857/2015, 1713/2015 y 1303/2006, no sólo no acredita este extremo, sino que además no aporta los informes del fiscal en los que se describen los hechos que permiten conocer si los delitos fueron cometidos en el ejercicio de su cargo o no. Onalia Bueno omite que uno de los delitos imputados es el delito electoral, delito que nada tiene que ver con las competencias delegadas, y así ocurre con el resto.

        Por tanto, y así lo expresa NC en su recurso, la alcaldesa de Mogán parece querer ocultar información al Ayuntamiento, y lo que es mas grave aún, tanto los técnicos municipales como el interventor no se han preocupado de comprobar si el abono de dichos importes le corresponden o no a Onalia Bueno.

        Así las cosas, y a la espera de que se resuelva el recurso presentado, Onalia Bueno el pasado 5 de enero de 2022, firmó el decreto 30/2022, autorizando para si el abono en su cuenta el importe de 39.000 euros, lo que supone a su vez el incumplimiento del deber de abstención que regula el art. 23 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, pues determina que quienes tengan un interés personal en el asunto no pueden intervenir, así como que deberán comunicarlo a su superior, en esta caso el Pleno de Mogán, nada de ello ha cumplido Onalia Bueno.

Desde NC, se ha solicitado al interventor municipal que actúe e inicie el expediente de reintegro de las cantidades indebidamente abonadas a Onalia Bueno en concepto de honorarios, así como que vele por la defensa de los intereses municipales y del buen uso de los recursos públicos.

Según ha expresado la portavoz de Nueva Canarias (NC), Isabel Santiago, este hecho es de una enorme gravedad, no sólo por los posibles errores que se aprecian en la tramitación del expediente a favor de Onalia Bueno, sino porque es la misma alcaldesa la que firma el documento que ordena el abono de los 39.000 euros en su cuenta. Firma que se hace en un tiempo récord, pues el acuerdo se adopta el 28 de diciembre de 2021, y el 5 de enero de 2022 ya tiene la orden de abono a su favor. Otros vecinos no tienen tanta suerte como la alcaldesa, pues lo hay que han tenido que acudir a los tribunales para poder reclamar lo que por derecho les corresponde. No es ni justo, ni serio ni ético, ocultar información a la administración, ni mucho menos valerse de su posición en beneficio propio.

Además, la edil nacionalista, quiso recordar las declaraciones de Onalia Bueno en un pleno municipal en la que ésta afirmaba que no necesita el sueldo de alcaldesa y que está ahí por vocación. Ahora se ve claro que la vocación vale, como poco, 39.000 euros, sentenció Isabel Santiago.