La variación de precios por día hace que las obras públicas y privadas se estén suspendiendo

Tres años después de la aparición del Covid-19 y con la reciente incorporación de la guerra de Ucrania protagonizada por Putin, la situación del sector de la construcción no para de tambalearse. La Presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, María de la Salud Gil, explica que “están pasando cosas que son absolutamente contradictorias”, ya que, por un lado se trata de un sector que tiene una capacidad de dinamización brutal con una iniciativa privada que no ceja en su empeño de seguir invirtiendo. Y sin embargo, la situación se sigue presentando completamente complicada. 

Según la representante de la patronal, hay cientos de millones de euros disponibles de los Fondos Europeos que no se están gastando y se pregunta dónde están. Las administraciones públicas incorporan un problema a esta trágica situación con la rigidez procedimental de la burocracia. La presidenta afirma que además no existe una voluntad férrea de querer saltar obstáculos para facilitar a los empresarios los trámites con agilidad, siempre dentro de la legalidad aclara, “pero parece no haber una voluntad política clara de resolver esos problemas”.

La pandemia generó en sus comienzos, un aumento del 25 % en los costes de producción y la incorporación de la guerra de Ucrania este 2022 al panorama actual, está generando un mayor incremento descontrolado del coste de las materias primas, el transporte, y en general de todo lo que supone un gasto para las empresas, que además influye en el el aumento de precios para el resto de la sociedad. Esta situación que está sufriendo el sector de la construcción, está afectando directamente a los ciudadanos, ya que las obras, tanto del ámbito privado como del público, se están suspendiendo, lo que supone una cadena de desbarajustes con pérdida de empleos, falta de infraestructuras sociales, educativas...

La AECP ha contactado con la Federación Canaria de Municipios (FECAM), con los cabildos y las diferentes administraciones públicas para interesarse por la situación que están viviendo, y aseguran que todas las administraciones entienden lo que está sucediendo, “por un lado porque cuando licitan las obras se quedan desiertas y por otro, porque las empresas que se encuentran ejecutando obras se encuentran con la imposibilidad de seguir adelante porque están perdiendo dinero. Por ello estamos trabajando en la revisión de precios de las obras que están en ejecución, de las que van a salir a licitación y en la revisión de las que están en periodo de adjudicación para que antes de adjudicarse, quede constancia de que los precios son imposibles de asumir” explica María de la Salud.

Al comienzo de la pandemia se empezó a elaborar un Plan de Recuperación por parte del Gobierno de Canarias, y el sector de la construcción se citaba como un eje vertebrador, fundamental para poder paliar los efectos de la pandemia, a través de la ejecución de infraestructuras. Sin embargo la asociación denuncia que a día de hoy la ley, que pretendía simplificar los trámites, todavía está en el parlamento. “Al final lo que se ha conseguido es alargar el procedimiento, ya que el documento que pretendía simplificar los procesos administrativos para la pandemia, a día de hoy sigue siendo un proyecto de ley”. 

En el sector privado los promotores están frenando las inversiones, ya que están a la expectativa de lo que pueda suceder a corto y medio plazo. Actualmente para estos empresarios es imposible poner precio a un proyecto cuando están fluctuando tanto por día. Las obras que están en ejecución, algunas han llegado a acuerdos con los clientes para una suspensión temporal, un acuerdo de revisión y ajuste de precios y otras han tenido que llegar a un proceso judicial que lo resuelva. Esta última opción no parece que sea la más utilizada según informa la representante de la patronal, “la mayoría de los casos optan por llegar a un acuerdo que beneficie a las dos partes ya que en general, la gente entiende lo que está pasando en la actualidad”.

La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores está pendiente de firmar un acuerdo con el Instituto Canario de la Vivienda de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias para poder gestionar los Fondos Europeos que están vinculados a la rehabilitación de edificios y de viviendas, eficiencia energética, conservación, y habitabilidad. “Esa es una fórmula, la colaboración de la administraciones públicas con la iniciativa privada para gastar hasta el último euro de las ayudas y que éstas lleguen a la sociedad, en forma de empleo, productividad, infraestructuras sociales, educativas… que contribuyan al bienestar social” añade María de la Salud Gil.