La PALT se moviliza para mejorar el futuro turístico de Canarias

“Los propietarios de apartamentos y bungalows del sur de la isla, queremos dar un golpe en la mesa y terminar ya con  las injusticias que venimos padeciendo durante años. Esto tiene que acabar”, así comienza el manifiesto que los vecinos de la zona de Patalavaca, en el municipio de Mogán han difundido a través de diferentes canales de mensajería.

Los residentes, junto a la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) han iniciado una campaña de recogida de firmas para elevar una Iniciativa Legislativa Popular al Parlamento de Canarias, con el fin de que estudie y debata la propuesta de reforma de esta ley que ya han presentado.

En su web oficial explican que lo que pretenden conseguir con esta cambio es que, además de no  contemplar en exclusiva el uso turístico  se suprima la unidad de explotación contemplada en la ley 7/1995. “En nuestra proposición de Ley mantenemos la unidad de explotación cuando se llegue a acuerdos con todos los propietarios. Se elimina la necesidad de tener el 51% de las unidades. Se podrá explotar un complejo con 3, 6, 10… apartamentos o viviendas. Sólo formarán parte del establecimiento turístico cuando dicho apartamento o vivienda esté en explotación y, cuando no lo esté, volverá a ser una vivienda sin limitación de uso”.

Y es que el origen de la historia se remonta al año 2015, cuando el Gobierno de Fernando Clavijo aprobó la ley Turística de Canarias. En concreto, existe un problema con la modalidad extrahotelera. Hasta ahora, la actual ley obliga a los propietarios de apartamentos a ceder sus viviendas exclusivamente para explotación turística. Aquellas personas que posean una vivienda vacacional como segunda residencia deberán abandonarla, y en el caso de no hacerlo el propietario del inmueble se enfrenta a sanciones económicas que pueden llegar a los 300.000 euros.

Muchos de estos apartamentos, los que están en explotación turística, son gestionados por pequeños empresarios que adquieren las viviendas a precios bajos para alquilárselos a turistas que vienen al archipiélago por un tiempo determinado. “Un empresario turístico que tenga de capital social 3.000 euros viene a ordeñar directamente las cabritas de los demás, y además la ley le da permiso para hacer lo que quiera. Por lo tanto la ley está protegiendo a esos piratas y pretenden que le cedamos nuestra propiedad para que ellos hagan negocio”, se queja Blas Padrón, presidente de la PALT.

Padrón añade que el conflicto no es entre los turistas y los residentes. “Aunque ellos quieren dar la imagen de que el problema lo dan las comunidades de propietarios o residentes y los turistas no hay ninguna denuncia en los juzgados. Sin embargo existen decenas de denuncias entre comunidad de propietarios y empresas explotadoras”. El presidente recuerda que se pueden gestionar perfectamente el modelo residencial y turístico. “Pueden convivir en armonía como se ha hecho siempre”, apunta

“El modelo turístico actual protege a los grandes empresarios del turismo y a los extrahoteleros. Ellos les están diciendo a los políticos que quiten de aquí a los canarios. Nosotros decimos que no, que los canarios son los dueños del terreno. Los anfitriones de los turistas somos nosotros. Además somos una sociedad amigable buena receptora de turistas y se quedan encantado con nosotros”, asegura Padrón.

Por ese motivo quieren reformar la ley y para conseguirlo necesitan 15.000 firmas que podrán conseguir hasta el 10 de enero de 2023. Padrón anima a firmar a todo el que lo desee porque este es un problema que afecta a toda Canarias. “Nosotros estamos intentando cambiar esto de una forma ordenada, cívica e intentando el dialogo con todos los sectores pero se resisten entonces lo que nos queda el ultimo paso son los tribunales”, explica.

Elsa Adán es una de las portavoces de un complejo de apartamentos en la zona de Patalavaca, en Mogán. En su opinión, la reforma de la ley turística presentada por la PALT “es una esperanza para todos las personas que tenemos nuestras propiedades en suelo turístico y nos vemos amenazadas porque esta ley tan injusta nos prohibe residir y tenemos que entregárselas a un explotador que te paga si alquila sino no te paga y con una condiciones abusivas”.

Por su parte, Padrón remarca que la propuesta que han presentado en el Parlamento de Canarias es una propuesta de dialogo que aclara perfectamente cada aspecto implicado en este conflicto. “La legislación turística actual de Canarias mezcla lo que es el derecho turístico con el derecho urbanístico, y las leyes urbanísticas ya están reguladas, no hay por qué mezclarlas. Nosotros lo que proponemos es regular el turismo. Todo lo demás que vaya por otro lado”, asegura Padrón.

El presidente de la PALT asegura que si las firmas no funcionan y tienen que llegar a los no les va a temblar el pulso “porque sabemos que ahí si hay solución”.

A parte de luchar por la reforma de la ley turística regional, la plataforma presta apoyo y asesoramiento en diferentes municipios para que puedan resolver el problema en sus territorios.

La historia de Mogán va en buen camino

Hace un año este periódico se hacía eco de la problemática que venía sufriendo esta comunidad moganera, ya que según reflejaba el Plan de Ordenación del municipio, se obligaba a todos los propietarios de apartamentos a ceder exclusivamente sus viviendas a uso turístico, sin importar las condiciones de estos.  Ante tal situación, los vecinos presentaron alrededor de 1.300 alegaciones para que el Ayuntamiento tuviese constancia de la opinión ciudadana.

Un año después de la lucha de vecinos y propietarios, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, accedió a reunirse con ellos en septiembre. Además, a esa reunión asistió Blas Padrón, presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística. Según comenta Elsa Adán a EL SUR DIGITAL GRAN CANARIA, la alcaldesa les prometió que se iba a permitir un uso mixto de los inmuebles, tanto residencial como turístico, rectificando así la decisión expresada un año atrás.

Sin embargo, esto no acaba aquí, ya que este encuentro era algo extraoficial. Los vecinos, aún deben recibir por escrito la resolución afirmando que se permitirá la convivencia del uso residencial y turístico.

“El ayuntamiento habló con Gesplan para incluir esa excepción en el Plan General de Ordenación municipal y la alcaldesa quiere reunirse para ver edificio por edificio y  para ver en que complejos se permite el uso mixto o no, por lo tanto será algo a largo plazo”, asegura Elsa Adán. Al margen de esto, la portavoz vecinal califica este primer encuentro con la edil como “positivo”.

San Bartolomé de Tirajana, un caso pendiente

La ley turística que se encuentra vigente data del año 2015. Esta es la misma fecha en la que se intentó aprobar el Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana, que ya contemplaba el uso exclusivamente turístico del suelo.

Ante esto la Plataforma de Afectados por la Ley Turística presentó 17 mil alegaciones que a día de hoy siguen sin dar respuesta. En último pleno municipal, celebrado apenas hace dos semanas, los concejales de Coalición Canaria presentaron una moción para que se aprobara la propuesta de reforma que la PALT ha presentado en el Parlamento de Canarias. Esa votación salió denegada. Solo los tres concejales de Coalición Canaria y la de Ciudadanos votaron a favor. Todos los demás votaron en contra.

El presidente de la PALT se sorprende de que la misma propuesta de ley haya prosperado en Mogán, cuando fue la propia alcaldesa, Onalia Bueno, quién la llevó al pleno. Pero no haya sido así en San Bartolomé de Tirajana cuando la presenta la oposición.

Una ley injusta que quieren arreglar

La actual legislación turística afecta a los propietarios de las viviendas vacacionales. Propietarios que adquirieron un apartamento entre los años 60 y 80 y llevan toda la vida usando el inmueble como segunda residencia, para veranear, o como residencia única. Esta situación de desalojo de los turistas de toda la vida para meter a turistas por un tiempo determinado también afecta a ciudadanos de otros países.

Blas Padrón relata a este periódico que hace un mes les llegó una propuesta de sanción por parte de la consejería de turismo del Gobierno de Canarias a una propietaria alemana, que viene haciendo uso de su apartamento dede hace 32 años como vivienda residencial. Padrón comenta que le hicieron esta propuesta de sanción por no entregarla a la explotación.

Para ilustrar un poco la injusticia de esta situación y las irregularidades que se producen, Blas Padrón pone el ejemplo de su propia vivienda. Él vive en un complejo de apartamentos de Playa del Inglés que tiene 334 apartamentos. Uno de ellos es su casa, en la que vive empadronado. En ese complejo de apartamentos existe una empresa explotadora que gestiona 200 apartamentos y 134 estamos fuera de explotación.

Una misma familia dirige la comunidad de propietarios. El padre, que es el dueño de la empresa explotadora, es el presidente. La madre es la tesorera, la hija ocupa el cargo de secretaria, su hermano lo han contratado de jefe de mantenimiento y seguridad y el marido es administrativo de la comunidad. “Están metiendo la mano en el bolsillo permanentemente. Te asustan diciendo que la comunidad va a subir para que te asusten y te vayas para que ellos puedan comprarlo a un precio ridículo. ¡Ya está bien de este tipo de gestores!”, reclama.

Padrón aclara que con la reforma legislativa que plantean esto no va a suceder. Porque para ser explotador turístico no habrá que tener la unidad de explotación con más del 50 por ciento, como ocurre actualmente, pero si se requiere que todos los propietarios firmen. No es necesario que el apartamento esté en explotación turística.

“Nosotros vamos a dejar claro quien está a favor de cambiar esta situación que lo único que hace, según dijo el defensor del pueblo, es discriminar injustificadamente a los propietarios exigiéndoles incluso hacer alquiler de vivienda vacacional donde hay un explotador turístico impidiéndole a los propietarios ejercer como gestores de su propiedad”, sentencia Padrón.