En relación a la denuncia interpuesta por el miembro de Coalición Canaria, Alejandro Marichal, ante la Fiscalía del TSJC, argumentando la supuesta comisión de diferentes delitos (prevaricación administrativa y malversación de caudales público) a mi persona, como alcaldesa  de San Bartolomé de Tirajana y a otros cargos públicos, es mí deber aclarar que: 

El primer lugar, que mis actuaciones como alcaldesa se han ceñido en todo momento, de forma estricta, dentro de los márgenes de la legalidad en los preceptos relativos a la contratación de servicios, en este caso al Congreso Nacional de I Congreso Administración Local y Funcionarios con Habilitación Maspalomas- Santa Lucía 2022, (celebrado del 16 al 19 noviembre de 2022), tal como recoge la propia Ley de Contratos del Sector Público.

En segundo lugar,  quiero significar que estoy a plena disposición de Fiscalía del TSJC y de cualquier otra instancia judicial para colaborar, aclarar y aportar toda la información que se me requiera, con la plena confianza y seguridad de la independencia del órgano judicial.